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Piden a Sala frenar bonos navideños

Escrito busca impedir que Asamblea erogue $2.7 millones. Demandante dice que efecto puede ampliarse a CSJ, este año se destinó $17.4 millones en bonos.
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Piden a Sala frenar bonos navideños

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El abogado Salvador Enrique Anaya presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar a los magistrados que prohíban a la Asamblea Legislativa la erogación de $2.7 millones en concepto de bono navideño para todo el personal. Esto debido a que, a juicio del abogado constitucionalista, dicho gasto contradice lo señalado en la sentencia de inconstitucionalidad del Presupuesto General de la Nación 2017, que prohibió las bonificaciones, porque representan un “pago excesivo y no prioritario” y son una compensación adicional al salario que se devenga.

Anaya aseguró que si la Sala decide prohibir la emisión del bono navideño para los empleados de la Asamblea Legislativa, este efecto puede replicarse en todas las instituciones de Estado, incluida la Corte Suprema de Justicia que, pese a que una de sus salas ordenó austeridad, este año destinará $17.4 millones para dar un pago adicional a mediados de año por $700 y otro a finales de diciembre por $1,000 a aproximadamente 9,900 empleados.

“Pasó en Europa con la crisis económica, estaban dando beneficios para los cuales el Estado no tiene dinero; por lo tanto, reflexionaron y cambiaron la jurisprudencia.  No es un derecho adquirido cuando al Estado no le alcanza”. 

Enrique Anaya, abogado demandante

“Son prestaciones que se han obtenido desde hace mucho tiempo, que han estado consideradas en el presupuesto del Órgano Judicial. No es un nuevo bono. Es un bono que siempre estuvo vigente. No es aumentar bono ni nada, sino que son prestaciones que se han mantenido por muchos años. Hay que darle bono a todo el personal”, defendió ayer el presidente de la CSJ y también integrante de la Sala de lo Constitucional, Armando Pineda Navas.

La Asamblea Legislativa y la Corte Suprema emiten dos bonos anuales para sus empleados: uno a medios y otro a final de año. La Asamblea colocó para este año una partida por más de $5 millones para pagar dos bonos del 100 % de los salarios: uno a medio año y otro en diciembre, para más de 2,000 empleados.

Magistrados de la Sala de lo Constitucional criticaron, en un intenso debate el 31 de agosto pasado, que el presupuesto del Órgano Judicial aprobado para el próximo año tuviera algunas partidas que podrían llegar a contradecir lo señalado en la sentencia de inconstitucionalidad del presupuesto de este año. En esa ocasión se volvió a aprobar los bonos para el 2018.

Sindicalistas de la CSJ han sostenido en reiteradas ocasiones que el bono es un “derecho adquirido” de los empleados judiciales; por lo tanto, no puede ser suprimido por interpretaciones constitucionales, ya que se ampara a tratados internacionales.

Anaya aseguró que esa es una postura falaz, debido a que la Sala en la sentencia de inconstitucionalidad del presupuesto 2017 cita una sentencia de la Corte de Perú en la que se dictó que ese tipo de erogaciones no pueden llamarse “derechos adquiridos”, ya que estos deben acoplarse siempre a la situación financiera del Estado.

“Pasó en Europa con la crisis económica del 2009, estaban dando beneficios para los cuales el Estado no tiene dinero; por lo tanto, reflexionaron y cambiaron la jurisprudencia. La prohibición de la regresión de los derechos depende de la naturaleza de los derechos de los que se habla. ... No es un derecho adquirido cuando al Estado no le alcanza, no puede decir que es un derecho adquirido y no me lo pueden quitar, es un tema superado”, analizó Anaya.

Otro argumento esgrimido por algunos empleados judiciales para salvaguardar sus bonificaciones es que la sentencia de la Sala prohibió las “nuevas” bonificaciones y los dos bonos extras no pueden considerarse “nuevos”.

“Es un argumento excesivamente literalista y no es procedente... La Sala dijo suspender, solo puede suspender aquello que ya está previsto, es lo que dijo suspender es que estaba consciente que había pagos adicionales previstos”, refutó Anaya.

El abogado hizo un llamado a la Sala a que revise su escrito lo antes posible, ya que están por pagar los bonos: “Y tampoco es que vayamos a pedir que la gente lo regrese después”, dijo el abogado.

Funcionarios favorecidos
En el caso de la Corte Suprema de Justicia los magistrados que conforman el pleno de la corte no reciben las bonificaciones salariales anuales. En la Asamblea Legislativa, los diputados acordaron ser parte de los funcionarios favorecidos para recibir las bonificaciones anuales. Algunos diputados han señalado que utilizarán el bono adicional de diciembre para hacer campaña.

 2
Bonos anuales
reciben los empleados del Órgano Judicial y del Órgano Legislativo todos los años. En la Asamblea, esta garantía equivale a tener 14 salarios al año. En la CSJ se da todos los años, uno de $700 y otro por $1,000.

 1,994

   empleados existían en la Asamblea 
Legislativa, según datos oficiales 
brindados en abril de este año. Todos ellos reciben 14 salarios anuales.
 

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