Piden a diputados frenar aprobación de ley mordaza

FUNDE y DTJ señalan que no es el primer intento que hace el Ejecutivo para controlar a medios. Además de que sospechan que la aprobación de la ley sucede en períodos preelectorales.
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Tras darse a conocer que en uno de los artículos de la Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia que impulsa el gobierno efemelenista se plantea la autorregulación de publicación de contenidos en medios de comunicación, organizaciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) criticaron la movida del Gobierno.

La iniciativa de ley fue recibida el 19 de junio anterior en la Asamblea Legislativa, firmada y sellada por el viceministro de Prevención Social, Luis Flores.

Para el director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio, es sospechoso que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, promueva una ley en cuyo cuerpo se plantea la autorregulación de medios justamente en períodos preelectorales. Por ello, instó a los diputados a conocer con detenimiento el propósito de la ley.

“Hay que ver bien la ley y conocer si el propósito de fondo es uno bueno o es un propósito realmente de controlar a la prensa, acuérdese que se acercan las elecciones; entonces los intentos de amordazar a los medios es fuerte”, sentenció el director de FUNDE.

En ese sentido, Rubio cuestionó que el tema se plantee como una autorregulación, puesto que esto depende de cada persona o medio de comunicación, en este caso. Es decir que la autorregulación es cuestión de voluntad, no de obligar con una ley.

“Una ley para pedir que se autorregulen, ¿para qué entonces?, si se está pidiendo autorregulación, ¿para qué necesitan una ley para que se autorregulen?, si la autorregulación depende de la voluntad del medio. Entonces ¿para qué quieren una ley que los va a obligar a que se autorregulen? Eso no lo acabo de entender”, dijo Rubio.

Por su parte, la presidenta de DTJ, Claudia Umaña, cuestionó al Ejecutivo de ser el promotor de esta nueva ley cuando ya se ha aprobado legislación suficiente en materia de prevención de la violencia, que, a su parecer, no se aplica adecuadamente por las instituciones respectivas. También destacó el hecho de que no es la primera vez que se impulsa una ley mordaza que va en detrimento de la libertad de expresión.

“Nosotros creemos que la libertad de expresión debe ser muy seriamente vigilada y no permitir regulaciones que vayan en su detrimento. Claramente el tema de la prevención de la violencia es un tema importante y debemos de reconocer que El Salvador cuenta con bastante legislación en la materia, nosotros a veces nos preguntamos que si lo que más necesitamos son más leyes o mejor cumplimiento de las actuales”, reprochó Umaña.

La representante de DTJ advirtió que el país ya se encuentra en posiciones bajas en mediciones que realizan instituciones internacionales sobre la libertad de prensa y que estas leyes pueden empeorarlas.

“Esta legislación se vuelve a veces restrictiva, así que instamos a que se maneje con mucha cautela el tema y que por supuesto no se vaya a aprobar una ley que vaya a desmejorar aún más los indicadores del país en los estándares internacionales”, sentenció la presidenta de DTJ.

Antecedente venezolano

En la República Bolivariana de Venezuela, desde que llegó al Ejecutivo Hugo Chávez, y después lo ha continuado Nicolás Maduro, la situación de los medios de comunicación y la libertad de prensa y expresión han sufrido recaídas constantes.

En 2010, con el respaldo absoluto del parlamento de aquel país, Chávez logró que los contenidos que se difundían pasaran a ser de “interés general” a “interés público”, lo que ocasionó que se comenzara una era de discrecionalidad y regulaciones.

Para ello se modificaron dos leyes nacionales, la de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la de Telecomunicaciones.

Con las reformas, algunas de las disposiciones que quedaron obligaban a imponer sanciones a los medios que difundieran contenidos que pudiese hacer apología del delito o manipulaciones mediáticas con el fin de generar zozobra en la población.

Cuando se hicieron las reformas, periodistas y medios internacionales criticaron que se estaba quitando la democracia.

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