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Piden aclarar si exministro de Seguridad corre riesgo en prisión

La CIDH ha dado un plazo de diez días al Gobierno para que aclaren la situación actual del exfuncionario.

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Escuchado. Landaverde dijo que  había esperado mucho tiempo para ser escuchado sobre los hechos que le atribuye la representación fiscal.

Escuchado. Landaverde dijo que había esperado mucho tiempo para ser escuchado sobre los hechos que le atribuye la representación fiscal.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el pasado 1 de julio al Gobierno salvadoreño proporcionar información sobre si "las autoridades competentes" han evaluado una posible situación de riesgo que podría enfrentar el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde al interior del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.

La petición la realizó la CIDH luego de recibir una solicitud en la que pedían medidas cautelares a favor del exfuncionario. La comisión dio un plazo de diez días para el Gobierno salvadoreño para que responda a cuatro situaciones.

Fuentes judiciales informaron a LA PRENSA GRÁFICA que Ramírez Landaverde corre riesgo debido a su condición de exministro de Seguridad. Estas fuentes confirmaron que miembros de la estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13) pidieron al gobierno represalias contra el exfuncionario. "Le llevan hambre, quien negoció eso fue el Crook", mencionaron.

Otra de las situaciones que la CIDH ha solicitado fue conocer la situación actual de salud y las condiciones de detención de Ramírez Landaverde.

El exministro rindió ayer su declaración indagatoria en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, en el proceso en el que es acusado por Fiscalía por los delitos de actos arbitrarios y peculado. Landaverde es señalado por desviar fondos de cuentas de Centros Penales a través de Asocambio.

"En ningún momento ha habido ningún tipo de desvío de fondos de nada; todo fue con el propósito, en aquel tiempo, de cubrir los programas en beneficio de los privados de libertad y todo se desarrolló de acuerdo a lo que la ley establece", expresó el exfuncionario.

En la diligencia Landaverde hizo alusión que la Corte de Cuentas de la República le informó que habían finalizado el informe de auditoría realizada a Asocambio. "No se lo podían entregar (el informe) porque lo habían remitido a la Fiscalía", dijo su defensor, Pedro Cruz.

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