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Piden al gobierno que dialogue con la sociedad civil

Alianza por el gobierno abierto expresó su preocupación por la situación del país y emplazó al GOES a cumplir compromisos.

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Respaldo. Los gobiernos de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Kenia, Nigeria y Rumania están entre los que respaldaron el pronunciamiento de la OGP.

Respaldo. Los gobiernos de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Kenia, Nigeria y Rumania están entre los que respaldaron el pronunciamiento de la OGP.

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La comunidad internacional continúa expresando su preocupación por la situación que vive El Salvador. Ayer, el comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) se unió a los pronunciamientos para condenar la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general.

En su pronunciamiento, OGP señala estar preocupado por el "cierre del espacio cívico". "Estas preocupaciones se ven agravadas por la tendencia general a la disminución de las libertades civiles y la regresión democrática en curso en el país", agregaron.

Como fuentes de sus consultas, OGP nombró el Informe de Democracia 2021, de "Varieties of Democracy" y el Índice de Democracia 2020, de "The Economist Intelligence Unit". Este último es el que degrada la situación política de El Salvador, de una "democracia defectuosa" a un "régimen híbrido".

En su pronunciamiento, OGP reconoce que tanto Nayib Bukele como los diputados de la legislatura 2021-2024 fueron elegidos mediante elecciones libres y democráticas. Asimismo, reconocen que el GOES envió una nota de respuesta a la Alianza, el 14 de mayo, explicando porqué considera válidas las destituciones de los funcionarios.

Esta nota está firmada por Conan Castro, secretario jurídico de CAPRES, quien expone como argumentos que los magistrados de la Sala atentaron contra la salud de la población durante la pandemia; además, Castro agrega que las destituciones son legítimas debido a la renuncia de los magistrados de la Sala.

En este último punto, conviene recordar que investigaciones de medios de comunicación han demostrado que los magistrados renunciaron bajo presiones e intimidación de mismo GOES.

La Alianza recordó que los miembros de la misma se comprometen a "proteger la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para operar de manera consistente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, asociación y opinión".

En ese sentido, la Alianza exigió al GOES la apertura de espacios de diálogo con la sociedad de civil, retomando, sobre todo, que el país no ha mostrado avances en los compromisos adquiridos en su plan de acción para los años 2018-2020, "particularmente porque el Gobierno no ha convocado a un diálogo con la sociedad civil ni ha iniciado la co-creación de un nuevo plan de acción", indicaron.

Debido a esto, la Alianza recordó al país que tienen hasta el 31 de julio de este año para corregir y superar los criterios mínimos de elegibilidad (relacionados con transparencia fiscal y acceso a la información pública); o el país será colocado bajo revisión procedimental y peligrará su participación en la GOP.

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