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Piden centro de rehabilitación para procesados

Se incrementan los casos de violencia generados por alcoholismo o drogadicción.
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Piden centro de rehabilitación para procesados

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Durante una reunión del Comité Municipal de Prevención de Violencia (CMPV) de Conchagua, La Unión, con el viceministro de Prevención Social, Roberto Flores, la jueza de Paz de la localidad, Cristina Álvarez, planteó la necesidad de crear un centro de rehabilitación para personas drogadictas y alcohólicas, ya sea en dicho municipio o en la cabecera departamental. 

A juicio de la aplicadora de justicia, el tema de alcoholismo y drogadicción se ha vuelto generador de violencia intrafamiliar en las comunidades, y el número de casos que han llegado a su estrado lo confirman. 

Este año en el Juzgado de Paz de Conchagua, hasta el 2 de junio se habían ventilado 39 procesos de violencia intrafamiliar, contra 19 que se llevaban en el mismo período del año pasado, es decir, el incremento ha sido casi del 50 %. Y según el indicador, este año podrían ser más que los de 2016, cuando se abrieron 60 expedientes judiciales por dicho delito. 

Casi en su totalidad, los casos tienen que ver con esposos que ingieren bebidas alcohólicas o consumen droga, y bajo esos efectos llegan al hogar a maltratar a su esposa e hijos. Cuando hay denuncia, el juzgado procede, pero hay otros casos en los que el agresor sigue con la misma conducta. 

“La ley de violencia intrafamiliar establece que uno debe tomar los mecanismos idóneos para efectos de buscarle solución al caso, como que él (procesado) se comprometa en asistir a Alcohólicos Anónimos o a una iglesia para tratar de erradicar ese vicio”, indicó la jueza.

Pero agregó que lo ideal fuese que se creara un centro de rehabilitación con personal especializado, adonde los jueces puedan mandar a tratamiento a las personas procesadas que tienen ese tipo de problemas y que cometen violencia intrafamiliar. 

“Sería muy beneficioso para la familia y la sociedad, porque serían atendidos por personal idóneo, como un psicólogo, y si necesita tratamiento psiquiátrico, también”, señaló la juzgadora. 

Actualmente los procesados son enviados al Centro de Atención Psicosocial de la Corte Suprema de Justicia, ubicado en San Miguel, pero algunos incumplen la medida por la falta de recursos para viajar; otro de los inconvenientes es la saturación por muchos casos que debe atender dicho centro. 

Y cuando son remitidos a centros de rehabilitación particulares, deben pagar una cuota económica, lo que se vuelve una carga para su familia. Y en los grupos de Alcohólicos Anónimos, la mayoría de procesados cumple la medida solo durante el proceso. 
 

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