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Piden que “Chepe Diablo” no sea trasladado al penal de Zacatecoluca

La DGCP informó al juzgado que esa cárcel es la indicada.
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La defensa de José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como “Chepe Diablo”, presentó ayer un escrito a Rodil Hernández, director de Centros Penales, para que el acusado no sea trasladado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y permanezca en una cárcel común.

Miguel Flores Durel, abogado defensor del imputado, señaló en el escrito que “Chepe Diablo”, acusado de lavado de dinero, no representa ningún tipo de peligro por el cual deba estar recluido en un penal de máxima seguridad.

“En el presente caso al señor José Adán Salazar Umaña se le imputa un delito de naturaleza económica, absolutamente ajeno a cualquier manifestación de violencia o peligrosidad. Además de que dicho señor ni siquiera ha ingresado a un penal ordinario que demuestre que tiene un comportamiento agresivo con otros internos”, se lee en el documento elaborado por Flores Durel.

El lunes pasado, durante la marcha por el Día del Trabajo, Hernández dijo que ya notificaron al Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador que tiene un espacio para Salazar Umaña en el penal de Zacatecoluca.

“Ya el juez de la causa nos solicitó cupo, y ya se le informó del cupo que se le va a asignar y estamos a la espera de que envíen la resolución correspondiente... Será en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca”, apuntó el funcionario.

En cuanto a las imputadas vinculadas al clan Salazar Umaña, identificadas como Sara Paz Bojórquez, Susana Noemy de Cruz y Romelia Guerra Argueta, el director de la DGCP dijo que serán trasladadas a cárcel de mujeres. Sobre esta decisión, los abogados defensores también le presentaron un documento para que permanezcan en la División de Tránsito.

Continúan prófugos el hijo de Salazar Umaña, José Adán Salazar Martínez; el alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa; Wilfredo Guerra Umaña, de Agroindustrias Gumarsal; Miriam Haydee Salazar de Umaña; y Tránsito Ruth Mira de Guerra. “Chepe Diablo” y su grupo familiar son procesados por el delito de lavado de dinero. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados lavaron $215 millones con empresas fachada.
 

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