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Piden reorientar fondos de seguros privados para atender salud de las víctimas civiles de la guerra

Organizaciones que trabajan por los derechos humanos esperan que el facilitador enviado por la ONU al país tome en cuenta a las víctimas.
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Por las víctimas. Organizaciones que trabajan por el derecho a la salud pidieron ayer al Estado incluir a las víctimas civiles de la guerra en las políticas públicas.

Por las víctimas. Organizaciones que trabajan por el derecho a la salud pidieron ayer al Estado incluir a las víctimas civiles de la guerra en las políticas públicas.

Piden reorientar fondos de seguros privados    para atender salud de las víctimas civiles de la guerra

Piden reorientar fondos de seguros privados para atender salud de las víctimas civiles de la guerra

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Ocho organizaciones que conforman la Ciudadanía por la Salud Integral demandaron ayer que el presupuesto utilizado en la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para contratar seguros privados de salud sea destinado para atender a las víctimas civiles del pasado conflicto armado.

Eduardo García, director de Asociación Probúsqueda, dijo que ya han pasado 25 años desde que se firmaron los Acuerdos de Paz y como sociedad “no hemos satisfecho la demanda ni las necesidades de las víctimas civiles”.

García explicó que entre la Asamblea Legislativa y la CSJ se destinan unos $12 millones anuales para contratar seguros privados de salud, que bien podrían servir para satisfacer a las víctimas o “a quienes sufren enfermedades crónicas producto del daño del pasado conflicto armado”.

Saúl Romero, de la ONG Psicolegas experta en salud mental, dijo que “no basta con protocolos, sino con presupuesto” y que se “debe hacer una revisión y actualización de ello” en pro de las víctimas civiles de la guerra.

Romero agregó que los actuales niveles de violencia en el país responden a la deuda por parte de los que deciden “no poner atención de legislar y brindar justicia para la sociedad”. Puso como ejemplo “los más de 5,000 homicidios que ocurrieron en El Salvador durante 2016 y los más de 2,000 delitos contra las mujeres”, como reflejo de la “desatención de la salud mental de los salvadoreños tras el enfrentamiento armado”.

“No es posible que, pudiendo destinar fondos para atender a las víctimas, se haga la compra de servicios privados de salud. Es importante escuchar qué dice la Asamblea, pero queremos escuchar también qué dice la CSJ. Este movimiento les ha enviado peticiones, pero no hemos recibido respuesta”, señaló Antonio Hernández, que representa al Movimiento para la Salud dentro de Ciudadanía por la Salud Integral.

García señaló que ha habido expresiones por satisfacer demandas para veteranos, de combatientes, pero no de las víctimas civiles que provocó el conflicto armado y que en muchas ocasiones fueron producto de matanzas en distintos caseríos de la campiña salvadoreña.

“Hay un derroche de dinero dentro del Estado para pagar servicios privados de salud que pudieran ser reorientados al sector público para satisfacer una atención psicosocial pronta y adecuada para todas las otras víctimas del conflicto armado: la sociedad. En esto no se ha avanzado nada”, remató el director de Probúsqueda.

Más retos

Las organizaciones de derechos humanos también se pronunciaron para que el facilitador enviado al país por Naciones Unidas, según lo anunció el Gobierno, se interese también por conocer el estado de las víctimas civiles.

“Esperamos que vaya más allá de su papel de mediador entre las partes en conflicto y pueda incluir a las víctimas”, dijo García al ser abordado sobre la expectativa de la creación de una segunda generación de acuerdos en momentos en los que se llega a los 25 años de los Acuerdos de Paz.

Las ONG, además, se pronunciaron para que se avance en la forma de impartir justicia. “El Ejecutivo ha mostrado avances en este período, no así la Asamblea Legislativa ni el Órgano de Justicia, que no fue depurado ni ha abordado ningún caso contra las víctimas civiles del conflicto”, dijo García.

Propusieron la creación de un censo real de las víctimas civiles, tal y como se ha hecho con los excombatientes militares.

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