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Piden resolver impunidad por desplazamiento forzado en El Salvador

Instituciones del Estado presentaron a Sala Constitucional avances sobre ley para víctimas de desplazamiento forzado.

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Registro.  El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, dijo el 3 de octubre que el Gobierno trabaja en un registro que permita sistematizar las denuncias de desplazamiento forzado en El Salvador. Cristosal registró en 2018 la atención de 1,724 víctimas de desplazamiento por violencia en el país.

Registro. El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, dijo el 3 de octubre que el Gobierno trabaja en un registro que permita sistematizar las denuncias de desplazamiento forzado en El Salvador. Cristosal registró en 2018 la atención de 1,724 víctimas de desplazamiento por violencia en el país.

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Continúan vigentes la impunidad de los responsables de desplazamiento forzado de familias y la falta de ley y protocolo de atención para víctimas desplazadas. Eso argumentó ayer Cristosal, una organización que se dedica a la atención de desplazados por violencia en El Salvador, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La organización dio su postura durante una audiencia especial que instaló ayer la Sala de lo Constitucional para conocer los avances de las instituciones del Estado sobre la sentencia que reconoció, el 13 de julio de 2018, el desplazamiento forzado por violencia en El Salvador. La sala confirmó la realización de la audiencia a través de su cuenta oficial de Twitter.

En la sentencia de julio del año pasado, la sala amparó a 33 integrantes de ocho familias que sufrieron desplazamiento por violencia en los municipios de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, y Berlín, de Usulután. El caso que motivó el pronunciamiento de la CSJ lo sufrió una familia que huyó del país tras ser víctima de la pandilla Barrio 18 y posiblemente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los magistrados dieron seis meses a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y a la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE) para que reconocieran a todas las víctimas y que aprobaran una nueva ley de protección para los desplazados por violencia. Ese plazo finalizó en enero pasado, pero la ley continúa sin aprobación en la asamblea.

También la sala señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) y la PNC no actuaron de forma diligente para investigar los hechos denunciados por la familia. Aunque los magistrados reconocieron hace un año que era difícil saber si agentes de la PNC violentaron a la familia, ordenaron a las autoridades que investigaran. Cristosal cree que la impunidad de ese caso se mantiene.

"Nos parece que todavía falta resolver los casos de impunidad que hay en los demandantes, no se ha resuelto totalmente; el tema de la protección de la ley, que todavía está en discusión en la Asamblea Legislativa; en la elaboración de protocolos y políticas, donde sí hay avances concretar en la aprobación", explicó Abraham Ábrego, director del Programa de Atención a Víctimas, de Cristosal.

Ayer, la sala dijo vía Twitter que las instituciones del Estado le presentaron avances sobre la ley. El actual Gobierno aseguró en septiembre que prepara una propuesta de ley diferente a la de las anteriores autoridades.

Tags:

  • Desplazamiento forzado
  • Sala Constitucional
  • Corte Suprema
  • Cristosal

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