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Piden revisar uso del Ejército en seguridad pública ante desapariciones forzadas

Una resolución de la Sala de lo Constitucional responsabiliza al Ejército de la desaparición forzada de 3 jóvenes de Armenia en 2014. Tutela Legal recordó que hace 25 años, en los Acuerdos de Paz firmados, se dejó claro que el Ejército no debía tener labores de seguridad pública, como las ejerce actualmente.
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Foto Borman Mármol/LPG.

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Piden revisar uso del Ejército en seguridad pública ante desapariciones forzadas

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La ONG Tutela Legal pidió hoy al Gobierno salvadoreño revisar el uso del Ejército en labores de seguridad ciudadana, una práctica contraria a los Acuerdos de Paz firmados hace 25 años y que se vincula a desapariciones forzadas.

"En los Acuerdos de Paz de 1992 se dejó claro que el Ejército no debía tener labores de seguridad pública (...). Como organización social nunca hemos estado de acuerdo con la utilización del Ejército en la seguridad, para eso se ha creado a la Policía Nacional Civil (PNC)", dijo a Acan-Efe Alejandro Díaz, abogado de la ONG Tutela Legal "María Julia Hernández".

Una resolución de la Sala de lo Constitucional salvadoreña en la que se responsabiliza al Ejército de la desaparición forzada de 3 jóvenes en 2014 fue dada a conocer ayer, cuando se cumplen 25 años del final de la guerra civil (1980-1992).

Esta es la primera medida que emite el tribunal sobre desapariciones ocurridas después de la guerra y "es un llamado al Estado para que no se estén cometiendo hechos como los que pasaron en la guerra", dijo Díaz.

El abogado atribuyó la inclusión del Ejército en la seguridad ciudadana a que los Gobiernos "no han dotado de los recursos necesarios" a la Policía.

Uno de los puntos de los Acuerdos de Paz fue la reducción del número de militares, la desaparición de los cuerpos policiales con doctrina militar, por su participación en crímenes de guerra, y la creación de la PNC.

No es la primera vez que la actual política de seguridad que ha dado mayor protagonismo al Ejército en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, es criticada por las organizaciones sociales.

El Gobierno negó recientemente que tenga militarizada la seguridad ciudadana y aseguró que el uso de 10,400 soldados es "coyuntural", debido a la ola de violencia que causó tasas de homicidios de 103 y 81.7 por cada 100,000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.

No obstante, el número de efectivos utilizados para patrullar las calles ha ido creciendo desde el 2008.

La Sala Constitucional determinó que "la desaparición forzada se encuentra establecida y por ende existe una vulneración a los derechos de libertad física e integridad personal" de los jóvenes que desaparecieron en febrero de 2014 cuando fueron detenidos por miembros del Ejército.

El documento relata que los militares amenazaron a las víctimas con sus armas de equipo, fusiles M-16, y que los llevaron a una zona controlada por una pandilla rival que tiene presencia en donde ellos habitaban.

Los desaparecidos son Oscar Oswaldo Leiva Mejía, de 23 años de edad, Francisco Javier Hernández Gómez, de 20 años y José Fernando Choto Choto, de 22, quienes fueron detenidos, por supuestamente ser pandilleros, por unos seis militares en la localidad de Armenia, 39 kilómetros al este de la capital.

La resolución del Constitucional se da a conocer el mismo día en que el Gobierno conmemoró el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 con llamados a la reconciliación.

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