Piden separar al fiscal Martínez de caso Flores

El Juez Séptimo de Instrucción remitió a la Asamblea Legislativa la petición del cambio. FGR critica decisión.
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El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador resolvió ayer remitir una documentación a la Asamblea Legislativa relacionada al caso contra el expresidente de la República Francisco Flores (1999-204). El documento pide que se separe al fiscal general Luis Martínez de seguir conociendo ese proceso judicial.

La petición la presentaron los acusadores particulares (querella) del caso contra Flores, quien está procesado por supuestamente desviar cerca de $15 millones de la cooperación taiwanesa, el pasado jueves, informó ayer la unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM).

En su escrito, los querellantes argumentan que Martínez posee “impedimento” para seguir conociendo el caso por “conflicto de interés, negligencia y omisión de la investigación”.

Para ello, los querellantes echaron mano de tres leyes distintas: la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), la Constitución de la República y el Código Procesal Penal.

Los acusadores particulares sostienen que el hecho de que Martínez haya tenido vínculos profesionales como abogado con el expresidente y su familia, algo que el fiscal ha reconocido, no ha permitido que el caso haya sido investigado adecuadamente.

El escrito, firmado por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), pide al juez Séptimo de Instrucción que remita la petición a la Asamblea, ya que es la única que puede calificar los impedimentos del fiscal general.

A su vez el escrito añade, según el CJIM, las peticiones para los diputados: que citen al fiscal Martínez para que rinda informe del caso y sus impedimentos, y que pidan a instituciones oficiales la documentación para comprobar la relación laboral que sostuvieron Flores y Martínez.

ISD y FESPAD piden a los diputados que asuma las riendas del caso la fiscal general adjunta, Paula Velásquez, y se nombre un nuevo equipo de fiscales.

El juez Miguel Ángel García recibió la petición y decidió remitirla a la Asamblea, para que sean los diputados los que decidan la suerte de Martínez.

Ayer por la tarde, la oficina del fiscal general envió un comunicado para responder a la querella y al juez. “Con estas actuaciones no solo están confundiendo peligrosamente y sin argumentos sólidos en el proceso penal, sino además empujados por interés mediático y político que afectan maliciosamente la persecución penal, y arriesgan el control garantista del juez”, apuntó la Fiscalía.

“La convicción jurídica de un fiscal no es objeto del control parlamentario”, agregó el fiscal Martínez en su respuesta.

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