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Plantas tratamiento de aguas residuales cuestan $500 mill

Esperan aumentar la cobertura de saneamiento de un 20 % a un 70 %, en las tres principales ciudades del país, por medio de plantas de tratamiento de aguas residuales con fondos de asocios público-privados

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Hidratación.  ANDA realizó ayer su evento de rendición de cuentas en las instalaciones de su complejo deportivo, donde llevó stands con información y sumisnitro de agua embotellada para los asistentes.

Hidratación. ANDA realizó ayer su evento de rendición de cuentas en las instalaciones de su complejo deportivo, donde llevó stands con información y sumisnitro de agua embotellada para los asistentes.

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La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) se encuentra en etapa de revisión de un estudio, actualización y revisión del marco jurídico para la implementación de las plantas de tratamiento de aguas residuales que se prevé construir en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, posiblemente bajo la modalidad de asocios público-privados.

"Hemos tenido varias sesiones de trabajo este mes y estamos intensificándolas para ver cómo logramos dejar la ruta de ejecución de las mismas, porque la inversión anda alrededor de $500 millones en las tres y eso requiere más estudios en términos de la capacidad de la parte técnica, la parte financiera, económica, social y, por supuesto, ambiental", dijo el presidente de la autónoma, Felipe Rivas.

Comentó que una reforma a la Ley de Asocios Público-Privados del año pasado le permitiría a la institución tener más opciones para ejecutar estos proyectos. "Ahorita se está aclarando primero la parte técnica financiera para luego ver todos los otros temas", añadió.

El inicio de las obras dependerá de cuando se terminen los estudios de factibilidad, ya que solo la planta de San Salvador tomaría dos años para su ejecución. "Porque incluye también la parte de tubería, no es solo la planta; porque, si no, no se logra la captación y corregir algunas conexiones ilegales, algunas tuberías que están en condiciones ya malas y que se deben de sustituir", afirmó.

El proyecto no fue incorporado dentro del presupuesto para 2019, ya que tendría que pasar por otro proceso de trámite. "El asocio público privado es eso, es una inversión privada en donde la Asamblea (Legislativa) hace una especie de concesión para la ejecución de las plantas de tratamiento", expresó.

El mes pasado la junta de gobierno de ANDA se reunió con Bernhard Garside, embajador británico en el país, y la empresa Biwate, para abordar el tema de las plantas de tratamiento, ya que el estudio de las obras se hizo con la cooperación británica en 2016.

El presidente de ANDA también señaló que hay procesos privados y municipales en el tema de tratamiento de aguas residuales, pero que de 50 plantas, 20 son nacionales y no son suficientes.

"El punto central que hemos planteado es cómo se transforma la concepción del acueducto y alcantarillado a una visión más estratégica que es agua segura, precisamente un saneamiento integral y por supuesto una gestión integral", dijo Rivas.

Informe del año

ANDA presentó ayer su informe de rendición de cuentas del último año de gestión, en el que se habría ejecutado $183 millones. De esos, más de $25 millones son para proyectos de inversión, como la rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas, que tiene 17 % de avance.

Se prevé pasar de producir 1.6 metros cúbicos de agua potable a 3.0 metros cúbicos por segundo, que beneficiará a más de 1.5 millones de habitantes del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

En cuanto a cobertura de servicio, se tuvo un aumento de 2 % en agua potable en el sector urbano, llegando al 97 % y 43 % en el área rural del país.

Destacó también la consolidación del plan de contingencia, pasando de tres a 18 camiones cisterna y hasta 48 camiones cisterna subcontratados para suministrar el servicio en emergencias; apoyo y presencia permanente en el comité de emergencias en casos como el enjambre sísmico al oriente del país o la proliferación de algas en el lago de Coatepeque.

La autónoma entregó este año 523 factibilidades, 38 % corresponden a comunidades, 53 % a proyectos y 9 % a instituciones de servicio público.

Rivas también presentó como logro la reducción del 34 % de los reclamos, principalmente de cobros irregulares.

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