Lo más visto

Más de El Salvador

Polémica por proyecto de oxígeno en consejo del ISSS

El proyecto tiene como objetivo eliminar las compras de oxígeno médico y en cambio instalar plantas generadoras de este en toda la red del ISSS y del MINSAL, pero tiene vacíos legales.

Enlace copiado
Polémica por proyecto de oxígeno en consejo del ISSS

Polémica por proyecto de oxígeno en consejo del ISSS

Enlace copiado

Al consejo directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha llegado una propuesta: que deje de invertir en la compra de oxígeno médico y que, en cambio, implemente un sistema de generación y abastecimiento de oxígeno médico propio, con el que, según la propuesta, se ahorraría cerca de $360 millones en las próximas dos décadas.

Lea también: La clínica de la nicotina

La documentación presentada por la empresa AirSep PSA Oxygen Systems plantea que el ISSS pagará este año más de $6.1 millones por adquirir cilindros y galones de oxígeno líquido con el actual vendedor. Bajo este mismo sistema, para 2026 pagaría más de $16.9 millones y para 2036 pagaría más de $52.7 millones. Mientras que si se ejecuta el proyecto con ellos (Air Sep), se reduciría el pago a cerca de $2.3 millones para 2026 y $2.9 millones para 2036.

Este nuevo sistema que está en discusión en la mesa de Consejo directivo del ISSS implica adquirir, instalar y poner en marcha plantas generadoras de oxígeno médico en los ocho hospitales del Seguro Social. Y pone como gran ventaja un ahorro proyectado. Sin embargo, un análisis técnico, jurídico y financiero realizado por la misma administración del ISSS establece vacíos legales.

El proyecto, tal como ha sido propuesto, plantea que el ISSS asuma compromisos ante una entidad bancaria por un total de $62.9 millones, pero no solo para implementar el sistema en sus ocho hospitales, sino para implementarlo también en los ocho hospitales del Ministerio de Salud (MINSAL) y es en este punto donde se genera la polémica.

Lea también: Construcción del hospital del ISSS en San Miguel lleva 19.6 % de avance

En otras palabras, durante siete años, el ISSS quedaría a expensas de la capacidad del MINSAL de realizarle los abonos correspondientes, por lo que “el ISSS comprometería fondos públicos a largo plazo para asumir las obligaciones financieras de ambas instituciones, lo cual entraría en conflicto con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, en lo relativo al control y la ejecución del presupuesto del Estado y con el artículo 228 de la Constitución de la República”, anota la primera observación del equipo jurídico del instituto.

La siguiente observación jurídica tiene que ver con el modo de adquisición de estas plantas generadoras de oxígeno médico: la modalidad propuesta por la empresa es el “leasing” o arrendamiento financiero.

Esta modalidad es un contrato mediante el cual el arrendador (que en este caso sería una entidad bancaria) concede el uso y goce de determinados bienes, muebles o inmuebles, por un plazo de cumplimiento forzoso (que sería el ISSS), obligándose este último a pagar un canon de arrendamiento y otros costos establecidos por el arrendador (intereses, por ejemplo). Solo al final del plazo estipulado, el arrendatario tendrá la opción de comprar el bien, devolverlo o prorrogar el plazo del contrato.

Lea también: Alerta ante conato de incendio en Torre del ISSS

En este contrato, la figura del “leasing” propuesta por la empresa y su representante supone que una entidad bancaria adquiera las 16 plantas generadoras de oxígeno médico y que el Seguro Social asuma las obligaciones contractuales como arrendatario financiero, lo que conllevaría una carga financiera en concepto de intereses.

Dado que el MINSAL, por su naturaleza dentro de la administración pública, no podría asumir ninguna obligación ante una entidad bancaria, tendría que comprometerse a abonar al ISSS del mismo rubro presupuestario que utiliza para comprar el producto en la actualidad, pero antes también sería necesario buscar los mecanismos financieros legales para que proceda un método de compensación entre ambas instituciones.

Pero aun estableciendo un convenio de cooperación interinstitucional, persistiría un vacío legal, según el mismo análisis jurídico al interior del ISSS: ante un retraso en el pago por parte del MINSAL en los plazos determinados en el contrato, se generaría la obligación contractual del ISSS de asumirlo y tendría que afectar otros de sus rubros presupuestarios para hacer frente a la deuda y a la mora.

“No vemos viable ningún mecanismo legal que permita (al ISSS) el cobro de eventuales intereses por mora al MINSAL derivados de retrasos por incumplimientos, ya que el presupuesto de dicho ministerio depende del Ministerio de Hacienda”, advierten el jefe del Departamento Jurídico de Procuración, Daniel Chacón, y el jefe de la Unidad Jurídica, José Ortiz, ambos del ISSS, en la carta que le hicieron llegar el pasado 15 de agosto al jefe de la Unidad Financiera del ISSS, Carlos Argueta, en manos de este periódico.

En la misiva, además, agregan que “para finalizar con las dificultades de la implementación de este tipo de operación financiera es que, ante un cambio de administración, con objetivos estratégicos diferentes, el ISSS asumiría el pago por un bien que estaría bajo la posesión del MINSAL”.

Finalmente, ambos jurídicos observaron que la empresa tiene “nula experiencia en proyectos similares en el país”.

Financieramente viable, pero a pausas

Según los cálculos estimados por la empresa que ha hecho la propuesta, el MINSAL se ahorraría unos $153 millones en los próximos 20 años, por lo que sumados a los casi $360 millones que se ahorraría el ISSS, entre ambas instituciones el ahorro proyectado es de más de $510 millones.

“Es importante señalar que la instalación de unidades productoras de oxígeno medicinal traería ahorros sustanciales para el ISSS, por lo que no se cuestiona la conveniencia financiera del autoabastecimiento de dichos insumos”, señalan Chacón y Ortiz en una carta enviada al secretario para Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia de la República, Francisco Alvarado, con el objetivo de obtener una asesoría legal adicional sobre la conveniencia de este contrato.

Para conocer los por menores de esta discusión, este periódico intentó conocer la versión del director del ISSS, Ricardo Cea, pero la unidad de Comunicación aseguró que haría la gestión, sin tener respuesta para una entrevista.

Lee también

Comentarios