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Policía emite facturas sin recibir productos: empleados de la PNC

Imputados aseguran que la PNC factura productos sin recibirlos para evitar que el Ministerio de Hacienda le quite los fondos sobrantes del presupuesto cada año.

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Libertad.  Los cinco empleados de la Policía Nacional Civil enfrentan el proceso en libertad, aunque deben cumplir con medidas sustitutivas a la detención para asegurar que se someten a la justicia.

Libertad. Los cinco empleados de la Policía Nacional Civil enfrentan el proceso en libertad, aunque deben cumplir con medidas sustitutivas a la detención para asegurar que se someten a la justicia.

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La Policía Nacional Civil (PNC) acostumbra emitir facturas que comprueban que recibió la totalidad de productos contratados sin que las empresas hayan finalizado de entregarlos. Así lo aseguraron ayer empleados administrativos de la corporación, quienes enfrentan un juicio por la supuesta simulación de compras de uniformes policiales a la empresa Maquiladora y Bordados ABBA.

Las declaraciones de los empleados policiales fueron dadas en el primer día del juicio en su contra. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que a finales de 2014 los procesados emitieron documentos de compra para la empresa Maquiladora y Bordados, que supuestamente había terminado de entregar un pedido de 32,516 uniformes, a pesar de que existía una deuda de cerca de 27,000 prendas.

Los procesados son Mónica Ivette Pacheco, administradora del contrato; Lorgio Antonio Campos, del Departamento de Suministros; Jerónimo Salvador Pineda, jefe de la sección de almacenes; José Boanerges Muñoz, encargado del almacén 1; y Luis Alonso Lima, auxiliar del almacén 1. Todos permanecen en libertad mientras enfrentan el proceso judicial.

Tres de los imputados sostuvieron ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que la Policía, cuando el año está por terminar, factura los productos antes de recibirlos para evitar que el Ministerio de Hacienda le quite los fondos que le sobraron del presupuesto anual.

"Eso pasa con diferentes proveedores. Es una práctica que se da", dijo Lorgio Campos, quien fue el primero de los cuatro imputados que decidió dar su punto de vista a la jueza de Sentencia.

La versión fue secundada por Jerónimo Pineda y José Boanerges Muñoz. El primero de ellos señaló que las empresas entregan los productos después de que fueron facturados; mientras que Muñoz expuso que tiene conocimiento que esa práctica en el interior de la PNC se daba desde antes de 2014, cuando sucedieron los hechos que la fiscalía le acusa.

"Entonces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera firmado esas facturas? Quizá me hubieran quitado del puesto, quizá me hubieran trasladado", dijo José Muñoz, quien para tratar de demostrar su inocencia a la jueza alegó que solo cumplió con órdenes habituales de sus superiores.

Tanto Pineda como Muñoz pusieron como ejemplo el caso de Margarita Varela, quien fue destituida el año pasado de la jefatura del Departamento de Suministros de la PNC, según dijeron, porque se negó a colaborar con la emisión de facturas de recepción de productos sin que las empresas contratadas los entregaran a la corporación.

"Al final del año empiezan (a hacer) los contratos. Hubo una vez que el 20 de diciembre se estaba adjudicando un contrato de botas policiales", agregó Muñoz.

El caso

La policía contrató, el 19 de septiembre de 2014, a la empresa Maquiladora y Bordados ABBA para que le elaborara 27,098 uniformes por un precio de $186,025.73, según los documentos presentados por la FGR.

Pero el 2 de diciembre de 2014, la PNC decidió modificar el contrato para que la sociedad confeccionara el 20 % de uniformes más (5,418) a cambio de $37,190.69: 32,516 uniformes en total por $223,216.42. Esa modificación obedeció a que la Policía tenía un monto restante del presupuesto anual que debía gastar antes de que finalizara el año, de acuerdo con la versión de los imputados.

La empresa incumplió con el contrato y, según cifras de la fiscalía, solo entregó 5,000 uniformes. A pesar de la deuda de prendas, los empleados hicieron constar que la maquila ya había cumplido la entrega total, asegura la FGR.

De acuerdo con la fiscalía, la empresa quedó debiendo uniformes equivalentes a $191,688.94, que es la cantidad con la que los procesados afectaron las finanzas de la PNC. El fiscal explicó al juez que buscan que los imputados regresen ese dinero.

Los procesados enfrentan el juicio por el delito de peculado (mal uso de fondos públicos) y, en caso de ser declarados culpables, podrían enfrentar una condena entre 12 y 15 años de prisión porque el supuesto monto malversado excede $57,180.00, según lo establece el Código Penal.

Los abogados Rodolfo Zometa y Leyni Bautista, defensores de Mónica Pacheco y Jerónimo Pineda, respectivamente, aseguraron ayer que la acusación de la fiscalía nació debido a los "desórdenes administrativos" que tiene la PNC para manejar los contratos de adquisiciones. También dijeron que sus defendidos solo cumplieron órdenes. El juicio continúa esta mañana.

Tags:

  • Uniformes de la PNC
  • Policía
  • Simulación de compra

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