Policías sicarios recibían entre $100 y $1,000

Testigo clave ha revelado cómo funcionaba estructura de sicariato formada por miembros de la PNC y civiles. Según el criteriado, estructura simulaba intervenciones policiales y, en un caso de homicidio, colocaron arma a pandillero para hacer creer que era de él.
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La supuesta estructura de sicariato en la que están involucrados seis policías está acusada por el homicidio de 12 pandilleros y un civil en los departamentos de La Libertad y Sonsonate. Según declaraciones que el testigo criteriado (un miembro de la estructura que delató a los demás), identificado en el proceso con la clave Sirio, brindó en la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía, la estructura recibía entre $100 y $1,000 por cometer los homicidios.

Según el testimonio, los acusados participaron en 14 hechos delictivos. Uno de estos es el homicidio de un pandillero, en mayo de 2014, en San José Los Sitios del municipio de Talnique, La Libertad. En este caso, según el criteriado, participaron cuatro investigadores de la División de Cumplimientos de Disposiciones Judiciales (DCJ) de la Policía Nacional Civil (PNC), nombrados por el testigo como “el Sierra”, “cabo Chuek”, “agente Noé” y un agente que no reconoció.

Sirio contó a los investigadores que el agente conocido como “Noé” quería matar al pandillero porque este molestaba a las residentes de Los Sitios. Los líderes de la estructura junto con los cuatro investigadores y otros participantes, entre ellos un hombre conocido como “el Enano”, se organizaron para llegar al lugar donde el pandillero se encontraba reunido con compañeros de su clica. El grupo de sicarios llegó en dos vehículos. Cuando los pandilleros los vieron, huyeron del lugar. Sin embargo, según Sirio, un hombre que estaba sobre el techo de una casa permaneció en el lugar. Por eso, el cabo conocido como “Chuek” le disparó. El pandillero bajó herido y se quedó en una casa. Posteriormente, los agentes lo sacaron a la calle para matarlo. Sin embargo, no pudieron continuar porque aparecieron cuatro soldados, quienes se retiraron luego de una plática con el cabo. Aunque el testigo no dio más detalles sobre la plática.

Finalmente, según el criteriado, el cabo le colocó un revólver al lesionado para hacer creer que era de él, y luego lo trasladaron al hospital, donde falleció. Dicha arma ya había sido utilizada por alias “el Enano” para el asesinato de otro pandillero en abril del mismo año en el cantón Zapotitán, La Libertad.

El relato anterior es uno por los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) ha atribuido a seis policías y a un grupo de civiles los delitos de homicidio agravado, homicidio tentado, proposición y conspiración en el delito de homicidio, tenencia y conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y agrupaciones ilícitas. El Tribunal Especializado de Instrucción A de San Salvador decidió que 22 acusados de pertenecer a esta estructura sigan detenidos mientras se amplía la investigación.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, identificó hace dos semanas a los miembros activos de la Policía como el sargento Nelson Alfredo Lule Zepeda; el cabo Gerardo Aníbal Rivas Morales, “Chuek”; el agente Élmer Aníbal Rodríguez Torres, “el Chucho”; Fidel Antonio Galán Hernández, Joaquín Arévalo y Víctor Manuel González Cuéllar.

En las escenas que el testigo describió se revelan detalles de 12 homicidios contra pandilleros y el de un civil. Además de dos intentos de homicidio contra un miembro de estructuras criminales y un intento de homicidio contra un comerciante. También el robo de un arma a una persona mayor.

Cómo operaban

El testigo aseguró que el grupo de sicariato simulaba intervenciones policiales para cometer los crímenes. Utilizaban uniformes oficiales que un miembro de la PNC, conocido por el criteriado como Élmer “el Chucho”, les proporcionaba.

Según el criteriado, la estructura era liderada por José Castillo y Eduardo Castillo, ambos forman parte de los 22 capturados. Además, en la declaración se menciona la participación directa e indirecta de 10 personas más.

De acuerdo con la declaración de Sirio, personas particulares y policías le ofrecían el dinero a la estructura para cometer los delitos. Entre las supuestas causas para pagar por estas muertes están: amenazas por parte de pandillas, civiles que buscaban vengar la muerte de algún familiar, porque el pandillero era colaborador en investigaciones de la Policía y por problemas personales con estos grupos.

El dinero que recibían los acusados por sicariato era dividido entre los que participaban. En ocasiones se les ofrecía $100 a cada uno, y cuando las cantidades rondaban los $400 y $1,000 se dividían entre los miembros de la estructura, dijo el testigo. Utilizaban uniformes policiales, incluidos gorras y gorros navarone con escarapelas de la Policía, chalecos antibalas y botas.

Y las armas que la estructura utilizaba eran propias de los participantes en el delito, o prestadas por otros miembros de la misma estructura. Además, según el criteriado, la estructura había alquilado un carro especial para cometer los hechos delictivos.

Los 22 acusados fueron capturados entre el 5 y 6 de mayo pasados. Entre los objetos incautados a la estructura se encuentran: nueve pistolas, un revólver, un fusil calibre 22, una escopeta calibre 12; 235 cartuchos, un vehículo y 17 uniformes policiales, que el grupo utilizaba para simular las intervenciones.

Posterior a las capturas, Julio César Morales, uno de los particulares acusados, aseguró que de las nueve pistolas incautadas, cinco pertenecían a agentes de la PNC y cuatro eran personales. Según Morales, las armas estaban registradas legalmente.

Otro de los acusados, Eduardo Castillo, declaró que ellos daban información a la Policía para hacer que los pandilleros enfrentaran procesos judiciales por su participación en diferentes delitos. Además, Castillo dijo en su defensa que ellos en ningún momento habían recibido dinero por brindar datos sobre las estructuras criminales.

Ese mismo día, Cotto declaró que eran las primeras capturas en El Salvador para desarticular una estructura de sicariato. Los crímenes fueron cometidos en el municipio de Armenia, Sonsonate; y en los municipios de Ciudad Arce, Talnique y Sacacoyo, de La Libertad. Se llevaron a cabo entre 2014 y 2015 (ver recuadro).

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