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Cinco de los políticos y colaboradores acusados de negociar con pandilleros para favores electorales continuarán procesados en libertad

Raúl Mijango está en prisión cumpliendo una condena por extorsionar a una arrocera. Salvador Ruano fue sobreseído del proceso ya que el fallecimiento es motivo de fin de la causa penal.

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Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

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Este viernes se desarrolló en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador la audiencia inicial en contra los siete políticos y colaboradores acusados de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, luego que investigaciones descubrieran negociaciones entre ellos y las pandillas para obtener favores electorales en 2014.

Salvador Ruano, quien fue alcalde de Ilopango y falleció el 28 de julio del 2017, fue exonerado.

Los acusados que pasaron a la etapa de instrucción son el exministro de Seguridad, Benito Lara; el exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el dirigente de la organización Grupo Náhuat, Wilson Alvarado; el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, el columnista, Paolo Lüers y el mediador de la tregua Raúl Mijango.

El último es el único que se encuentra en prisión porque cumple una condena por extorsionar a una arrocera. Los otros cinco continuarán procesados en libertad con medidas como presentarse a firmar al juzgado, no cambiar de domicilio y no salir del país.

Además, la jueza impuso fianzas de $10 mil para Lara, Valencia y Muyshondt y de $5 mil para Alvarado y Lüers. La Fiscalía había pedido una fianza de $100 mil para cada uno pero los abogados pidieron que se fijara una fianza menor. 

Los defensores también habían pedido que no se les decretara ningún tipo de medida de restricción, es decir, que los acusados no tuvieran que presentarse a firmar en un tiempo estipulado y que pudieran viajar al extranjero, pero la jueza no accedió.

Foto de LA PRENSA/Mariana Arévalo

La Fiscalía dijo que cuenta con "indicios suficientes para acreditar la existencia del delito y grado de participación de cada uno de los ciudadanos procesados" y que además de los "dos testigos criteriados que estuvieron presentes en las negociaciones con agentes políticos y mediadores de las mismas" tienen los dispositivos electrónicos con las grabaciones proporcionadas por los que participaron de los encuentros así como "intervención de llamadas telefónicas en las cuales se puede acreditar la existencia de las reuniones, así como la entrega de dinero y beneficios en particular para los miembros de las pandillas".

"En relación a las reuniones, estamos hablando que son un aproximado de trece reuniones, en específico previo a la primera vuelta electoral (en 2014). Posteriormente, al anunciarse que no hubo ningún ganador de las elecciones, se da una segunda vuelta electoral y hay otro ciclo de reuniones (entre partidos y pandillas)", expuso el fiscal del caso.

Agregó que "los dos partidos (FMLN y ARENA) lo que solicitaban era el apoyo de las estructuras criminales para poder alcanzar la presidencia de la República en el año 2014 y en el 2015 sumar la mayor cantidad de curules en la Asamblea Legislativa y mayor cantidad de Alcaldías".

La defensa de Mijango -quien resultó absuelto en 2019 del delito de agrupaciones ilícitas en el juicio por la tregua con las pandillas durante el primer gobierno del FMLN- alegó que se le está haciendo un doble juzgamiento. Sin embargo, la jueza aclaró que se trata de un caso diferente, con otros delitos, otros involucrados y diferentes víctimas.

Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

Por otra parte, los abogados de los otros acusados argumentaron que el delito de agrupaciones ilícitas que se les atribuye a sus clientes ya prescribió. La jueza lo rechazó y determinó que el plazo vencerá hasta el año 2023.

La defensa también pidió durante la audiencia que se elimine como testigos criteriados a Noé y Salomón, alegando que son cabecillas de pandilla y por tanto “coimputados”.

Los abogados solicitaron, además, que no se admitieran como pruebas los videos donde se prueba la negociación entre los políticos y los pandilleros porque fueron grabados sin consentimiento de quienes ahí aparecen y que eso es corroborado por el mismo testigo que asegura que los realizó como incógnito.

Foto de LA PRENSA/Javier Aparicio

Además de los actuales acusados y por orden del juez especializado de Sentencia A de San Salvador, la Fiscalía debe ampliar las investigaciones contra otros funcionarios, políticos, organismos y autoridades eclesiásticas que -según las pruebas presentadas en el caso “Operación Cuscatlán”- aparecen relacionados a negociaciones y entrega de dinero a pandilleros.

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