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Políticos y exfuncionarios cometieron delitos al reunirse con MS-13 y Fiscalía se equivocó al no acusarlos, opina juez

Juez criticó que Fiscalía no acusó a políticos de FMLN y ARENA que pactaron con pandillas apoyo electoral.

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Pruebas.  El juzgado mostró  videos de  políticos con pandilleros. Juez reiteró que fue la FGR la que pidió que no se reprodujeran en el juicio.

Pruebas. El juzgado mostró videos de políticos con pandilleros. Juez reiteró que fue la FGR la que pidió que no se reprodujeran en el juicio.

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La Fiscalía General de la República (FGR) quedó en deuda. En el banquillo de los acusados, junto con los 425 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), debieron estar los políticos y exfuncionarios que, según se demuestra en videos y audios, pactaron apoyo con cabecillas de la organización criminal, dijo ayer Godofredo Salazar, titular del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador en el caso Operación Cuscatlán.

El juez Salazar fue claro: la Fiscalía se equivocó al no acusar a los políticos ligados a la MS-13, como parte del proceso denominado penal. Y para demostrar el error de la FGR, Salazar se auxilió de una presentación que incluía videos y audios de reuniones entre políticos y pandilleros entre 2014 y 2015.

En las grabaciones aparecen el exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el exdiputado Ernesto Angulo; el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; y el expresidente de la Asamblea Legislativa Norman Quijano. También hay audios que dejan entrever que la MS-13 mantuvo contacto directo con el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

En algunas llamadas telefónicas, cabecillas de la MS-13 dialogaron sobre una negociación que, según se entiende, tenían con el gobierno de Sánchez Cerén. Los delincuentes charlaron sobre lo bien que la pasaron en los centros penales cuando pactaron con la presidencia de Mauricio Funes, prófugo de la justicia señalado de corrupción. "Vivimos bien salsa en los penales", recordaron.

Los pandilleros hablaron de contactos con altos exfuncionarios, entre ellos el exministro David Munguía Payés, señalado de participar en la tregua de Funes. Charlaron sobre un ministro que les dio "uniformes escolares", que según el juez podrían ser otro tipo de uniformes. También mencionaron a un "jefe de los azulitos" y a un "Howard". El juzgador calificó como "graves" los contactos de los pandilleros con el Gobierno y dijo que la FGR debe investigar y acusar a responsables.

En otra grabación mostrada por el juez, el alcalde Muyshondt aparece sentado y con fajos de billetes en una mesa. Los pandilleros le dijeron que, además del dinero, necesitaban un compromiso claro. "Mi compromiso es salir ganador para ayudarlos", respondió el entonces diputado. El testigo Noé declaró en el juicio que el alcalde les dio $69,000. Muyshondt ha declarado que le entregó una "extorsión" a la MS-13.

Otra reunión de la pandilla que se ve en los videos fue con Norman Quijano, quien les ofreció un programa de rehabilitación de pandilleros con $100 millones de fondos públicos si se convertía en presidente, en 2014. La propuesta de Quijano incluía usar las alcaldías para llevar la inversión a escala nacional. Quijano ha negado las reuniones con delincuentes ocasiones atrás.

El juez dijo que en las pruebas es posible ver que las pandillas tenían contactos en las alcaldías de La Libertad, San Salvador, Soyapango, Santa Tecla, San Martín, Usulután, Cuscatancingo e Ilopango. Según el juzgador, los políticos posiblemente cometieron delitos como fraude electoral, fraude procesal, negociaciones ilícitas, peculado y malversación de fondos. Y si el dinero que entregaron a las pandillas no tiene origen legal, también podría haber de lavado de dinero.

Ahora, según Salazar, la Fiscalía debe presentar la acusación contra los políticos. Les reiteró que es el segundo proceso en que hay políticos vinculados sin que los acusen, como el llamado caso Jaque. Un fiscal designado en el caso dijo que, si las investigaciones en curso descubren delitos, los acusarán.

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