Por caso jesuitas España acuerda pedir extradición de 4 militares

El consejo de ministros español aprobó ayer reiterar el pedido de extradición por el crimen de seis sacerdotes jesuitas. El acuerdo aplica exclusivamente para los únicos cuatro militares salvadoreños detenidos en febrero pasado.
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Familiares.  Los abogados y familiares de los detenidos han insistido en que el proceso judicial viola la soberanía.

Familiares. Los abogados y familiares de los detenidos han insistido en que el proceso judicial viola la soberanía.

El juez.  Eloy Martínez lleva el proceso contra los militares.

El juez. Eloy Martínez lleva el proceso contra los militares.

Por caso jesuitas España acuerda pedir extradición de 4 militares

Por caso jesuitas España acuerda pedir extradición de 4 militares

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El consejo de ministros de España aprobó ayer reiterar la solicitud de extradición de ese país contra militares salvadoreños acusados ante la Audiencia Nacional de España de los crímenes de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, ocurrido en noviembre de 1989.

La agencia de noticias dpa informó: “El gobierno en funciones de Mariano Rajoy pedirá a El Salvador la extradición de cuatro militares implicados presuntamente en la masacre de jesuitas españoles de 1989, en la que entre los asesinados se encontraba Ignacio Ellacuría. El consejo de ministros acordó hoy (ayer) solicitarla de nuevo para que sean juzgados en España por delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad, tal y como pide el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco”.

El acuerdo surge apenas días después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió enviar la notificación formal a España del arresto de cuatro militares acusados en el proceso judicial en la Audiencia Nacional: Guillermo Alfredo Benavides, Tomás Zarpate Castillo, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Ángel Pérez Vásquez.

Los cuatro fueron los únicos detenidos –de un total de 17– el pasado 5 de febrero por la Policía Internacional (INTERPOL), para darle cumplimiento a las difusiones rojas u órdenes internacionales de captura, libradas por el juez Velasco. Pese a ello, no fue sino hasta el pasado miércoles 2 de marzo que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió notificar oficialmente a España de las capturas.

El tratado bilateral de extradición entre El Salvador y el Reino de España establece un máximo de 60 días para tramitar dichas diligencias con el país requirente. Carlos Mauricio Guzmán Segovia, abogado de 13 de los militares acusados, explicó ayer de recibirse la petición oficial de extradición antes de los 60 días, la detención de los militares continúa de forma indefinida, hasta que el pleno de la CSJ resuelva la petición.

“Lo que estamos esperando es que esa solicitud venga, y que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador vuelva a ratificar la decisión que ya fue conocida, o resuelta en mayo de 2012. Eso es lo que nosotros esperamos, que nuestras autoridades rechacen la solicitud de extradición”, dijo Guzmán Segovia.

El defensor hacía referencia a la resolución de 2012, en la que la CSJ planteó que los militares no pueden ser extraditados hacia España, porque en noviembre de 1989 la extradición no estaba considerada entre ambos países.

El caso se originó en 2011, cuando organismos de derechos humanos presentaron una acusación particular (querella) en la Audiencia Nacional contra una veintena de militares salvadoreños, por el crimen de los religiosos jesuitas. La querella fue admitida y poco después se libraron las primeras órdenes internacionales de captura. Poco después de eso, la CSJ le quitó facultades a la Policía Nacional Civil (PNC) interpretando que las difusiones rojas de INTERPOL solo eran órdenes de localización, no de captura.

La Sala de lo Constitucional de la CSJ cambió, nuevamente, el criterio en 2014 y ratificó el criterio y dijo que las difusiones rojas sí son órdenes de captura.

“Como apoderados de las personas que están detenidas, nosotros tendremos intervención, la oportunidad de esbozar los argumentos por los cuales nosotros consideramos que es improcedente la extradición”, agregó Guzmán Segovia, acerca de una participación de la defensa en la discusión del pleno de la CSJ respecto a la extradición de los militares. El abogado dijo que presentarían un escrito para intervenir.

A mediados de febrero, representantes de organizaciones de derechos y de la sociedad civil presentaron un escrito solicitando algo similar a la CSJ: ser tomados en cuenta como “amicus curiae” dentro de la discusión de la extradición. Esto implicaría presentar testimonios de víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado al pleno de la Corte Suprema. Tal petición aún no ha sido resuelta. Tampoco han sido resueltos dos recursos de exhibición de personal presentados por los defensores de los militares. Para Guzmán Segovia la resolución previa de la CSJ (la de 2012), plantea que la extradición no es viable, que no puede cambiar. “Esa no puede cambiar, no puede variar, sería un absurdo jurídico cualquier cambio que pudiera existir de una resolución de la Corte”, interpretó.

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