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Por liberación de imputado FGR advierte fallas de cámara caso ciberfraude

Fiscalía dijo que cámara fundamentó libertad para imputado en la nulidad del peritaje, sin conocer que ha solicitado nuevo peritaje que arrojará las mismas evidencias. Según FGR, cámara también ignoró demás indicios.
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Por liberación de imputado FGR advierte fallas de cámara caso ciberfraude

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Procesados.  Los imputados en el caso siguen procesados en libertad condicional. Están acusados de violación a distintivos comerciales, violación a derechos de autor, falsedad documental y agrupaciones ilícitas.

Procesados. Los imputados en el caso siguen procesados en libertad condicional. Están acusados de violación a distintivos comerciales, violación a derechos de autor, falsedad documental y agrupaciones ilícitas.

Continúa investigación.  El fiscal adjunto Aquiles Parada dijo que la investigación por el caso continúa.

Continúa investigación. El fiscal adjunto Aquiles Parada dijo que la investigación por el caso continúa.

Prueba.  Parte de la prueba y evidencia en el caso de los ciberataques fue recolectada en el peritaje que se anuló. Pero se volverá a hacer.

Prueba. Parte de la prueba y evidencia en el caso de los ciberataques fue recolectada en el peritaje que se anuló. Pero se volverá a hacer.

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La Fiscalía General de la República (FGR) objetó la libertad condicional concedida al único encarcelado por el caso de ciberataques en contra de LA PRENSA GRÁFICA (LPG) y El Diario de Hoy (EDH), con base en un argumento: los dos magistrados de la Cámara de la Cuarta Sección del centro, con sede en Santa Tecla, La Libertad, decidieron cambiar la prisión preventiva para Andrés Ricardo Ortiz Lara por la nulidad del peritaje.

Los dos magistrados Alonso Castillo Robles (propietario) y José Manuel Chávez López (suplente), según consta en la resolución que emitieron, no revisaron todo el expediente judicial del caso “porque la jueza no se los envió”. La cámara, según señala la Fiscalía, tenía la potestad de pedir el expediente al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla para revisarlo, pero no lo hizo.

No revisar todo el expediente provocó que la cámara solo conociera la parte expuesta por la defensa del imputado Ortiz Lara sobre la nulidad del peritaje informático, realizado a los equipos incautados en noviembre 2015 durante el allanamiento a la empresa de publicidad Búnker, donde trabajaba y donde fue detenido por primera vez en el proceso.

Los magistrados, al no revisar todo el expediente del caso, tampoco conocieron que la Fiscalía pidió hacer un nuevo peritaje.

Según el ministerio público, ese nuevo peritaje arrojará las mismas evidencias y pruebas o indicios mínimos para que el imputado Ortiz Lara continúe detenido preventivamente.

De acuerdo con la fiscal del caso, Karla Patricia Ponce, esos indicios mínimos para mantener en prisión a Ortiz Lara se han mantenido a pesar de que el peritaje fue anulado. La fiscal Ponce, además, explicó a la cámara que la evidencia recolectada en el peritaje no es la única por la que el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, había enviado a guardar prisión a Ortiz Lara. De hecho, según Ponce, fueron los demás indicios los que hicieron que la jueza segunda de Instrucción de Santa Tecla ratificara la detención de Ortiz Lara.

Además, en abril la misma cámara dijo en una resolución que había suficientes indicios mínimos para la prisión preventiva del imputado.

“Con indicios mínimos de probabilidad se pueden mantener las medidas de detención preventiva, pues la certeza positiva solo es exigida en la etapa del juicio oral”, afirmó la cámara en su resolución emitida en la primera quincena de abril.

Entre esos indicios mínimos están las cuentas bancarias y el rastreo de transacciones en las que se muestran las compras de los dominios utilizados durante la clonación de las páginas web de LPG y EDH. Además de pruebas testimoniales.

Ante todo esto, la fiscal alegó a la cámara que se extralimitó al valorar la prueba en un momento inadecuado del proceso.

Según la fiscal, la valoración de la prueba en esta etapa del proceso le correspondía al Juzgado Segundo de Instrucción y la revisión de las medidas, que tenía Ortiz Lara, iba a ser realizada durante la audiencia preliminar.

Liberación exprés

Además de presentar el recurso de revocatoria ante la cámara, la fiscal Ponce también presentó un escrito ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, solicitando que no se hiciera efectiva la orden de poner en libertad a Ortiz Lara. Ese escrito fue presentado el 19 de mayo, en el tiempo estipulado por la ley para presentar ese tipo de solicitudes, aunque Ortiz Lara fue puesto en libertad el 16 de mayo por la mañana.

Un día después de la presentación del escrito, el juzgado respondió emitiendo una resolución en la que decía “no es posible acceder a lo peticionado, en virtud de que ya fueron giradas las órdenes de libertad respectivas por parte de esta sede judicial hacia el jefe de las bartolinas policiales de Mejicanos”.

La resolución del Tribunal de Instrucción también decía que la jueza solo había cumplido con la orden de un tribunal superior, en referencia a lo ordenado por los magistrados Robles y Chávez.

A pesar de todo esto, la fiscal del caso aseguró que el proceso no ha sido afectado y que las investigaciones seguirán su curso, para que en julio se fije una fecha para realizar la audiencia preliminar.

El fiscal adjunto Aquiles Parada también confirmó ayer que las investigaciones continúan.

“No quisiéramos ahondar sobre el tema, porque precisamente desde un inicio se dijo que estas eran algunas fases que se abrieron o se mandaron a sede judicial, pero que la investigación siempre ha continuado desde su inicio, no ha finalizado”, declaró el fiscal adjunto ayer.

Aunque Ortiz Lara, por ahora, está bajo libertad condicional, con restricciones como no salir del país, no cambiar de domicilio y llegar a firmar al juzgado, sigue siendo procesado por los mismos delitos: violación a los derechos de autor y derechos conexos, violación a distintivos comerciales, falsedad material y agrupaciones ilícitas.

Por el mismo caso y por los mismos delitos, también son procesados José Carlos Navarro, Gilmar Erazo, Mayra Morán, Óscar Domínguez y Sofía Medina.

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  • ciberataque
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