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¿Por qué organizaciones pro Derechos Humanos se oponen a perpetuar las medidas extraordinarias en cárceles que pide el Gobierno?

Organizaciones como el IDHUCA, Cristosal y Servicio Social Pasionista aseguran que buena parte de las medidas extraordinarias “han demostrado su naturaleza violatoria de derechos humanos” y ponen ejemplos.
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En abril pasado, la legislatura anterior aprobó una prórroga de seis meses para la vigencia de las medidas extraordinarias y dejó en manos de los diputados del nuevo período decidir si estas se convertirán o no en permanentes. Foto LPG/Borman Mármol/Archivo

En abril pasado, la legislatura anterior aprobó una prórroga de seis meses para la vigencia de las medidas extraordinarias y dejó en manos de los diputados del nuevo período decidir si estas se convertirán o no en permanentes. Foto LPG/Borman Mármol/Archivo

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Tres organizaciones que defienden los Derechos Humanos manifestaron este viernes las razones del porqué se oponen a que la Asamblea Legislativa apruebe la propuesta del Gobierno de perpetuar las medidas extraordinarias de seguridad en las cárceles salvadoreñas.

La propuesta para reformar la Ley Penitenciaria fue presentada a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Seguridad en junio pasado, para hacer permanentes las medidas extraordinarias vigentes desde abril del 2016 en los penales.

Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y Servicio Social Pasionista reconocen que las medidas “se plantearon inicialmente como una necesidad para retomar el control de las cárceles por parte del Estado” y son “iniciativas legítimas y necesarias”; sin embargo, las organizaciones plantean que la mayor parte de lo que componen estas medidas “han demostrado su naturaleza violatoria de derechos humanos”, y ponen ejemplos.

Las visitas

Aseguran que la propuesta del Gobierno haría permanentes medidas como la “suspensión de visitas total o parcial, por tiempo indefinido, de acuerdo a criterio de la Dirección de cada centro penal”, y que, “cuando la visita sea permitida, esta será siempre controlada por custodios y sin contacto físico”.

Familiares de reclusos exigen un mejor trato en las afueras del penal de Ciudad Barrios. Foto LPG/Milton Flores/Archivo

Las organizaciones aseguran que las medidas extraordinarias “han generado inaceptables prácticas de confinamiento, así como la anulación de visita familiar, incluido el contacto de niños y niñas con sus padres”  y “la negación a los programas de rehabilitación”.

Telecomunicaciones

Además, las organizaciones consideran que “la prohibición de las empresas de emitir señales de telecomunicación en un radio de 100 metros a partir del perímetro de los centros” –si bien es positiva- es una medida que “restringe el derecho de la población que habita alrededor de los centros”. También, señalan que delega la responsabilidad “casi exclusivamente” en las empresas.

Militares custodian el perímetro del penal de Quezaltepeque, en La Libertad. Foto LPG/Milton Flores/Archivo

Traslados y tipo de reclusión

Sumado a lo anterior, los traslados de las personas privadas de libertad se harían “de acuerdo al criterio del director general de los centros penales, y no de acuerdo al estudio del Consejo Criminológico”, como establece la Ley Penitenciaria actualmente.

Reos del penal de Cojutepeque son trasladados a otros recintos carcelarios en El Salvador. Foto LPG/Archivo

También, el director general de centros penales “tendrá la potestad de determinar de acuerdo a su criterio si una persona privada de libertad deberá estar en centros de máxima seguridad, incluyendo a personas que están siendo procesadas y que, por tanto, se habrá de presumir su inocencia”.

Audiencias

En cuanto a las audiencias, estas podrían realizar sin que el acusado se encuentre presente, si se cuenta con el abogado defensor y solo se le brindaría una reproducción de la audiencia a la persona en las siguientes 72 horas.

“Las medidas extraordinarias han causado graves afectaciones a los derechos de las personas privadas de libertad, llevando a duplicar las muertes por problemas de salud en los centros donde se aplican y el incremento de tuberculosis por las condiciones de insalubridad y hacinamiento que han sido agravadas por las medidas”, expusieron las organizaciones hoy.

En ese sentido, “instaron” a la Asamblea Legislativa a rechazar la propuesta del gobierno  y que antes de realizar reformas se consulte a las organizaciones de derechos humanos y de atención a las personas privadas de libertad.

Consideran que el intento de perpetuar tales medidas es “preocupante” pues demuestra una postura en la que el gobierno no reconoce las graves violaciones a los derechos humanos de las que ha sido señalado el Sistema de Seguridad Pública.

Citaron las palabras de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, quien “ha sido tajante al respecto al manifestar que: ´las preocupaciones de seguridad por sí solas no explican lsa condiciones observadas durante la visita, lo que lleva a la conclusión de que estas medidas se han implementado con el objetivo principal de deshumanizar a los detenidos´”.

Por su parte, el gobierno y los funcionarios de Seguridad Pública toman las medidas extraordinarias como uno de los principales logros de la actual administración.

En abril pasado, la legislatura anterior aprobó una prórroga de seis meses para la vigencia de las medidas extraordinarias y dejó en manos de los diputados del nuevo período decidir si estas se convertirán o no en permanentes.

 

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