Preocupa el uso de los ahorros y sostenibilidad en reforma de pensiones

Los diputados de la comisión de hacienda recibieron a centros de pensamiento y organizaciones de trabajadores para continuar la discusión de la reforma al sistema de pensiones que propone el Ejecutivo. La crítica más común fue que esta propuesta deja fuera temas vitales.
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El uso de los ahorros de los trabajadores, el acceso a la información completa y el respeto a los derechos constitucionales fueron las principales observaciones que plantearon las cinco organizaciones que acudieron ayer a la Asamblea Legislativa, para participar en la discusión sobre la reforma al sistema de pensiones. En esta ocasión asistieron centros de pensamiento y también colectivos de trabajadores activos y retirados.

La comisión analiza la propuesta de reforma de pensiones que presentó el Ministerio de Hacienda (MH) el 24 de febrero pasado. La idea de Hacienda, con respaldo del resto del Ejecutivo, es convertir el actual sistema de las AFP (o ahorro individual) en uno mixto, donde los trabajadores ahorren en las AFP y en un Instituto Nacional de Pensiones (INP) al mismo tiempo.

Como parte de la propuesta del Gobierno, el INP tomaría entre el 50 % y el 60 % del fondo de pensiones, donde están reunidos los ahorros de los trabajadores. Con este dinero darían impulso a un nuevo sistema de pensiones de reparto, donde todos ahorran en un fondo propiedad del Estado con la expectativa de tener garantizada una pensión. Además, al mover esos fondos, el fisco lograría una reducción aparente de la deuda pública actual.

René Novellino, presidente de ASAFONDOS, advirtió que “las personas de más bajos ingresos van a resultar afectadas”. Aquellos que ganen un máximo de dos salarios mínimos mensuales moverán todos sus ahorros, mientras que quienes ganen arriba de dos salarios mínimos moverán el 48 % de su cuenta de ahorro. En total, el INP podría disponer de más de $7,000 para el nuevo instituto.

En tanto, el Comité de Trabajadores en Defensa del Fondo de Pensiones (COMTRADEFOP) también señaló que la reforma del GOES vulnera los derechos constitucionales que resguardan el derecho a la propiedad privada y a la seguridad social.

Enrique Anaya, representante legal del comité, señaló que la propuesta del MH “es un esquema regresivo: le quita más al que menos tiene”. Como ejemplo, Anaya puso dos ejemplos: una trabajadora que gane $550 y tenga $10,000 en su cuenta de ahorro personal en la AFP, tendrá que ceder $9,160 al nuevo instituto de pensiones, es decir, al Estado. Mientras que un trabajador que gane $4,025.72 y tenga acumulados $10,000 en su cuenta de ahorro personal en las AFP, tendrá que ceder $1,251.95 al INP, a un fondo público compartido.

Por otro lado, la asociación de trabajadores ya jubilados ASOTRAJUPDES señaló que sí están de acuerdos en puntos concretos de la reforma, como proveer de recursos propios al Estado para que pueda financiar las pensiones, pues desde 1998 estos compromisos con los pensionados se han atendido con deuda. Estos extrabajadores también piden reevaluar el monto de la pensión mínima, pues de acuerdo con los cálculos de la Asociación, la actual pensión que reciben tiene un mínimo poder adquisitivo en comparación con la canasta básica.

En tanto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) mencionó que el Estado cometería una confiscación con la reforma, un acto prohibido por la Constitución del país. Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales, explicó que el MH pretende tomar más de $4,800 millones del fondo de pensiones usando el argumento de que el sistema de pensiones necesita sostenibilidad financiera. Pero Castro señaló que el mismo Gobierno ha admitido que con esta reforma continuará la necesidad de financiamiento, en el corto y largo plazo, así que tomar los fondos de los trabajadores no está justificado.

La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), entre otras y varias observaciones, mencionó que la reforma tiene un retroceso en la equidad, porque el Estado asume la responsabilidad de financiar las pensiones de las personas con más bajos ingresos y también de más altos ingresos. En el sistema vigente, los que tienen mejores salarios y pensiones tienen que agotar primero su ahorro antes de recibir pensión mínima.

En tanto, la Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) señaló que la reforma deja un margen para la arbitrariedad en el cálculo de la pensión mínima, además de que está enfocada “sobre la sostenibilidad financiera, vinculada con la sostenibilidad fiscal”.

Después de vacaciones de Semana Santa, seguirán las discusiones con las patronales y sindicatos.

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