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Asamblea aprueba 8 iniciativas de Bukele: Incluye mantener presas a personas arrestadas por "desórdenes públicos"

Entre las iniciativas que el Ejecutivo maneja como combate a las pandillas se incluye casos en que ciudadanos sean arrestados por "desórdenes públicos". Además, un diputado de Nuevas Ideas dijo que las iniciativas enviadas para el combate contra grupos terroristas serán aplicadas también a partidos opositores.

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La Asamblea Legislativa instaló este miércoles una sesión extraordinaria a petición del Gobierno, que envió ocho iniciativas que se suman al Régimen de Excepción solicitado la semana anterior y que fue aprobado el domingo en la madrugada por el alza en homicidios.

La plenaria convocada para las 2:00 de la tarde inició con más de dos horas de retraso y 70 diputados presentes. 

El Ejecutivo solicitó la reforma de siete leyes y la creación de una nueva: la Ley de Recompensa para el Combate a la Impunidad. En tanto, las leyes por las que han pedido reforma son: 

1. Reforma al Código Penal

2. Reforma a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas

3. Reforma al Código Procesal Penal

4. Reformas al Presupuesto 2022

5. Reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo

6. Reforma a la Ley Penal Juvenil

7. Reforma a la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

La primera en ser aprobada, luego de cerca de media hora de discusión, con dispensa de trámite y con 76 votos a favor, fue la reforma de dos artículos del Código Penal.

Al artículo 345 relativo al delito de agrupaciones ilícitas  se le adicionaron dos incisos y se modificaron las penas para los miembros de pandillas.

Se estableció que serán consideradas penalmente ilícitas las agrupaciones, asociaciones y organizaciones que estén conformadas por tres o más personas de carácter temporal o permanente, de hecho o de derecho, que posean algún grado de estructuración y que tengan la finalidad de delinquir. En este caso se mantiene igual la pena de prisión de tres a cinco años.

Por otra parte, se agregó un inciso dos que establece que serán ilícitas las agrupaciones mencionadas en el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal y establece diferentes penas:

- De 20 a 30 años para los que siendo pandilleros tomen parte de estas agrupaciones.

- De 40 a 45 años de cárcel para los "creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de las mencionadas agrupaciones".

- Un agravamiento de hasta una tercera parte del máximo de la pena y la inhabilitación absoluta del cargo por el doble de tiempo en caso de que sea una autoridad pública, agente, funcionario o empleado público.

- De 20 a 30 años de cárcel contra los que "promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia" en las agrupaciones ilícitas, así como los que a sabiendas de la ilegalidad reciban provecho directa o indirectamente por las relaciones de cualquier naturaleza con tales organizaciones, aunque no formen parte de las mismas.

 - De 20 a 30 años de prisión contra los que "por sí o por medio de otro solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de alguna prerrogativa para dispensar ilegalmente a otro. Igual condena contra los que incurran "en calidad de intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes, promuevan o participen en las conductas" del inciso anterior.

Sobre las reformas a este artículo 345, el diputado de Nuevas Ideas Jorge Castro dijo que están "legislando para funcionarios y particulares que hicieron pactos" con pandillas, y agregó que estos "serán considerados terroristas". Mencionó además que va "para los partidos de la esquina que se han sentado con estos grupos" y que es "para llegar a esos partidos que financían" a las estructuras criminales, refiriéndose a los partidos de oposición.

Castro no mencionó al actual director de Penales Osiris Luna y el director de Tejido Social Carlos Marroquín, quienes han sido señalados y sancionados por Estados Unidos por negociaciones con pandillas, mientras continúan desempeñándose en sus cargos.

Además, la reforma de hoy al Código Penal incluye una modificación al artículo 162 relativa a la violación y agresión sexual agravada. A este se le adicionó un inciso final que establece una pena de 20 a 30 años de prisión cuando el delito sea ejecutados por maras o pandillas.

REFORMA A LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS

La segunda en aprobarse fue la reforma a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, con un total de 75 votos y 3 abstenciones.

A esta se le adicionó un inciso final al artículo 54, referente a los agravantes especiales. Con la modificación se establece que en los casos que los delitos comprendidos en la referida ley sean cometidos por miembros de maras y pandillas o "cualquier otra agrupación criminal a la que se refiere la Ley de Proscripción de Maras" será sancionado con prisión de 20 a 30 años.

REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL

La tercera en votación fue una reforma al Código Procesal Penal a la que se le hizo cinco cambios.

Uno está referido a una adición de inciso final al artículo 8 referido a la privación de libertad de la persona acusada de un delito. Indica que no procederán los plazos máximos previstos y la duración de la privación de libertad durará lo que dure la tramitación del proceso hasta la sentencia en firme en los casos de las personas que hayan sido detenidas acusadas por homicidio, homicidio agravado, extorsión, extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer dichos delitos, agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas, delitos contemplados en la ley reguladora de las actividades relativas a la droga, y "en general cualquier delito cometido por miembros de grupos terroristas o agrupación criminal".

Además, se establece modificación al artículo 73 para incorporar como medida de protección que en los actos administrativos y judiciales no se identifique a los jueces, magistrados o secretarios de actuación.

También se cambia el artículo 331 en el inciso segundo para determinar que no procederá aplicar medidas alternas a la detención provisional en las personas acusadas por homicidio simple, homicidio agravado, secuestro, delitos contra la libertad sexual, robo agravado, extorsión, defraudación a la economía pública, comercio de personas, tráfico ilegal de personas, trata de personas, desórdenes públicos, delitos contemplados en la ley contra el lavado de dinero y activos, y delitos cometidos por miembros de pandillas.

Reformas al Presupuesto 2022

La cuarta que se aprobó con 66 votos a favor fueron modificaciones a la Ley de Presupuesto 2022 para incorporar $80 millones a la ejecución de los Ministerios de Seguridad y Defensa para la compra de armas y equipos.

De acuerdo al decreto aprobado, este monto estará distribuido de la siguiente manera:

$20 millones: Ramo de la Defensa Nacional

$60 millones: Ramo de Justicia y Seguridad

Estos últimos serían para dotar de armamento, vehículos, uniformes, equipamiento y demás herramientas para las instituciones de Seguridad Publica y Policía Nacional Civil a efecto de combatir de manera frontal a terroristas, y de esa forma restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial en todo el país, según detalla el documento.

Parte de estos recursos también serán destinados la creación del Fondo de Recompensa para el Combate a la Impunidad, que fomentaría la participación de la población en la denuncia y captura de miembros de estructuras delictivas.

Reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo

La quinta reforma fue aprobada con 63 votos con el fin de aumentar las penas por este delito y para probar de forma más expedita, la participación en pandillas.

A esta ley se le hicieron modificaciones para reforzar la definición de pandillas y establecer penas de cárcel a quienes formen parte de estas de 15 a 20 años o a los líderes de 30 a 40 años.

Reforma a la Ley Penal Juvenil

La sexta pieza en ser aprobada con 65 votos a favor fueron modificaciones la Ley Penal Juvenil para que los menores de edad que participen en pandillas paguen con prisión.

Los menores entre 12 y 16 años podrán ir prisión hasta 10 años, y los jóvenes entre 16 y 18 años pueden recibir hasta 20 años de cárcel, según las reformas aprobadas.

Reforma a la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión

La séptima reforma en ser aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa fue referente a establecer como agravantes los delitos de extorsión por pandilleros.

Las modificaciones a esta ley aumentan las penas 10 a 15 años de prisión por conspiración en casos de extorsión. Mientras que de 20 a 30 años sería la pena si el delito es cometido por miembros de pandillas.

Ley de Recompensa para el Combate a la Impunidad de Actos de Terrorismo

Esta nueva ley, que fue aprobada con 66 votos, trata sobre la entrega de una retribución económica a las personas que den información sobre pandilleros para ejecutar capturas.

El monto a ser entregado será definido por el Ministerio de Seguridad, serán publicados para que la población conozca de su existencia y estarán exentas de cualquier tipo de impuestos, retención o descuento.

También será este mismo ministerio el que emita la normativa para que se aplique la ley.

Según detallaron esta ley salvaguarda la identidad de las personas y tendrán derecho a no otorgar ninguna información personal o confidencial que requieran las autoridades que se vean involucradas, salvo cuando se les entregue la recompensa si es indispensable.

De diez iniciativas, a ocho

En principio, el diputado de GANA Numan Salgado dijo que eran "más de 10 iniciativas" las que serían presentadas este día. Posteriormente, el exsecretario privado de Nayib Bukele, actual presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, mencionó que eran nueve iniciativas. Sin embargo, finalmente en el pleno fueron presentadas ocho por los titulares del Seguridad, de Defensa y de Hacienda.

Según detalló Castro, las iniciativas serán aprobadas con dispensa de trámite durante la sesión plenaria extraordinaria convocada para este día a las 2:00 p.m. y entre estas se incluyen modificaciones presupuestarias para compra de armamento a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) por un total de $60 millones.

El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya aseguró que están solicitando a la Asamblea reformas a la Ley de Presupuesto 2022 para incorporar 3 iniciativas. La primera, para financiar equipamiento y armamento de la PNC por $30 millones. Y, la tercera para crear el Fondo de recompensas dirigido por el Ministerio de Justicia, herramienta que -aseguró- servirá para investigar y perseguir el delito.

Por su parte, el ministro de Defensa Francis Merino Monroy aseguró que agregó que con esas herramientas tendrán una labor "más eficiente".

El director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Arriaza Chicas dijo que hasta este día se han capturado un aproximado de 2,500 personas que están siendo investigadas por actos de terrorismo. Afirma que con la aprobación de estas iniciativas se les brindarán mejores tecnologías para la investigación de estos casos.

Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos de GANA dijo conocer las propuestas y que no todas necesariamente son relacionadas con el régimen de excepción, sino que son procedimientos con la Fiscalía que ayudarían mucho con las capturas masivas que se están realizando. "Hay términos y plazos que se vencen y muchas veces por eso quedan en libertad mucho pandilleros", dijo el diputado.

En tanto, el diputado y jefe de fracción de ARENA René Portillo Cuadra indicó que su partido no apoyaría ninguna iniciativa que violente los derechos fundamentales de los salvadoreños, como la libre circulación. "Los cuatro derechos que se limitan con el régimen de excepción aprobado son suficientes para combatir la delincuencia y en ese sentido las herramientas que tiene el gobierno son suficientes", dijo el parlamentario.

Por su parte, la diputada por el FMLN, Dina Argueta, cuestionó el discurso del gobierno sobre el combate a la delincuencia cuando se niegan a extraditar a líderes de pandillas exigidos por la justicia de Estados Unidos. "Creo que no se puede hacer un uso mediático de este tema, cuando me conviene hablo y cuando no me conviene me callo. Yo creo que esto es importante, porque si se va ser un combate se deben tomar medidas integrales".

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