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Presentan aviso para investigar transportistas

Un abogado solicita a la Fiscalía que investigue a empresas de transporte por posible cometimiento de delitos.
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Aviso.  El abogado Omar Pastor presentó un aviso a la FGR pidiendo que se investiguen las operaciones de algunos empresarios del transporte público.

Aviso. El abogado Omar Pastor presentó un aviso a la FGR pidiendo que se investiguen las operaciones de algunos empresarios del transporte público.

Presentan aviso para investigar transportistas

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El abogado Omar Pastor presentó ayer un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR) en el que pidió que se investigue a algunas sociedades y empresas de transporte de pasajeros y determinar si existe cometimiento de algún delito, como el lavado de dinero.

Entre las asociaciones que pidió sean investigadas están Rutas Unidas Salvadoreñas, que preside Juan Pablo Álvarez, y la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), que preside Genaro Ramírez, así como la cooperativa ACACYOS, en la que Ramírez opera, y las rutas 46 y 14, entre otras cooperativas.

El abogado hizo referencia a la Operación Jaque en la que incautaron 25 autobuses por relacionarlos con pandilleros como propietarios, usando testaferros, y que se cometía lavado de dinero.

“Una petición al honorable señor fiscal para que inicie una investigación sobre determinadas empresas de transporte. Porque así como las pandillas generaron un lavado de dinero terrible, así como las pandillas se aprovecharon de las facilidades que da el transporte, que no alcanza a desarrollar un verdadero control, entonces también lo puede hacer cualquiera”, dijo Pastor.

Aunque no hizo mención a otros posibles delitos, consideró necesario que se investiguen las operaciones del transporte. “Por un lado, la fuga de dinero para el patrón, en contra de él; por otro lado, el patrón declarando cantidades sin ser estas ciertas. ¿Por qué no pudiera darse? Es la interrogante. Para que la ciudadanía además quede satisfecha y comprenda que las empresas de buses en nuestro medio son correctas”, agregó el abogado.

Dijo también que se necesita un verdadero sistema de control de los ingresos del sector transporte y no solamente cámaras en las unidades. “Sino un sistema moderno que controle el Viceministerio de Transporte en la forma debida, para que no haya duda de que los dineros alcanzados en esas empresas, a través de los buses, no es cuestionable”, dijo.

Por su parte, Juan Pablo Álvarez, uno de los señalados en el aviso de investigación, expresó: “No tenemos nada que ocultar”.

Indicó que la sociedad que preside fue creada para participar en alguna licitación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), pero que esta nunca se dio y que, de igual forma, pueden ir a revisar las oficinas.

“No tenemos dificultades en mostrar quiénes somos, lo que hay y quiénes son nuestros accionistas”, manifestó Álvarez.

Sin embargo, no obvió mencionar que la petición se dirige contra empresarios que han estado en oposición a los proyectos del Gobierno. “No es más que una especie de amedrentamiento a personas que estamos tratando de que la Constitución se respete”, agregó Álvarez.

En agosto de 2015 presentaron a la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el SITRAMSS, el cual fue admitido, pero el servicio no fue suspendido. Este mes presentaron una ampliación de la demanda por el uso de la terminal.

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