Presentan demanda por reserva de expedientes de Probidad

Abogado busca que Sala de lo Constitucional revierta acuerdo de Corte Plena y que CSJ cumpla orden del IAIP de entregar documentos.
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El abogado Hérbert Danilo Vega Cruz presentó el pasado lunes una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional por la resolución que emitió el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la que decretó la reserva de los informes de Probidad.

El 13 de febrero pasado, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a la Corte entregarle a Vega los exámenes patrimoniales de algunos exfuncionarios y funcionarios actuales. En un plazo de cinco días hábiles, la CSJ debía entregar la copia del examen realizado al patrimonio del exalcalde de Nuevo Cuscatlán Nayib Bukele, así como del actual viceministro de Transporte, Nelson García.

La Corte también debía entregar la información financiera del juez Levis Italmir Orellana y de Marina de Jesús Marenco de Torrento en su período como jueza de Familia de San Salvador. El abogado también solicitó los informes patrimoniales de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, período 2010-2015, entre otros funcionarios.

Sin embargo, el pasado 20 de junio pasado, antes de cumplir el fallo del IAIP, ocho magistrados del pleno de la Corte votaron a favor de decretar la reserva a los expedientes que contienen datos bancarios o financieros de exfuncionarios o actuales empleados públicos investigados por la Sección de Probidad.

“Con la resolución de fecha 20 de junio de 2017, por medio de la cual declaró reservada la información solicitada, la CSJ como ente obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública, por medio de la Sección de Probidad, está evadiendo, obstaculizando, su compromiso adquirido ante el Instituto de Acceso a la Información Pública de entregar el resultado de las auditorías a las declaraciones de patrimonio de los ex y actuales funcionarios, violando mi derecho humano al principio a la protección no jurisdiccional, derecho al acceso a la información pública y derecho a conocer la verdad”, señaló Vega.

El abogado considera que es necesario que los magistrados eliminen la reciente restricción porque los funcionarios optaron por ejercer un cargo público en el que deben rendir cuentas.

“Las referidas autoridades están sometidas de forma permanente al escrutinio público y a la manera en que ejercen sus funciones y administran los bienes del Estado ”, dijo Vega.

El abogado solicitó a la Sala de lo Constitucional quitar la reserva impuesta por el pleno y también pide que la CSJ le entregue la documentación para darle cumplimiento a la resolución del IAIP.
 

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