Un proyecto de ley que pretende proteger a las víctimas de desplazamiento forzado fue presentado este lunes en la Asamblea Legislativa por las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), quienes forman parte del grupo gestor que ha impulsado esta iniciativa. 

El documento pretende establecer un protocolo para atender y proteger a las víctimas que sufran un proceso de desplazamiento forzado en algún momento determinado. 

Las autoridades explicaron que el documento contiene etapas como las de prevención, protección, asistencia humanitaria, retorno, reasentamiento y reintegración de las víctimas. 

"Existe la inminente necesidad de contar con una ley especial que atienda a las personas víctimas en riesgo o situación de desplazamiento forzado interno y que, además, esté armonizada con estándares internacionales de derechos humanos", detalló Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justica y Seguridad. 

"Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia ordenaron al Estado reconocer a víctimas de desplazamiento forzado como sujetas de derechos, revisar y emitir la legislación especial orientada a la protección de las víctimas y brindar medidas de protección a quienes ya tienen la condición de desplazadas", agregó. 

De acuerdo con Zaira Navas, directora del CONNA, el proyecto de ley es una oportunidad para darles una garantía a las personas que han sufrido este tipo de situaciones en El Salvador. 

"Hemos entregado un documento que reúne esos parámetros, esos elementos esenciales que debe contener la legislación que tiene los enfoques de derechos humanos, de niñez, de inclusión, de género y todos los enfoques que permiten que la legislación sea integral", apuntó Navas. 

Según datos de Médicos de Mundo proporcionados en los primeros ocho meses de 2018, se atendieron a más de 200 víctimas de desplazamiento forzado por violencia, de los que más de 115 fueron mujeres y más de 100, hombres, mientras que en 2017, la organización prestó sus servicios a 125 personas.

Cristosal, una organización no gubernamental que desde hace varios años documenta la problemática, estima que en El Salvador, desde 2014 hasta el 31 de octubre de 2018, se identificaron 1,672 personas con necesidad de desplazarse al interior del país de manera forzada a causa de la violencia social. 

En 2018, esta entidad presentó también una propuesta de ley especial de desplazamiento forzado, pero sigue sin ser estudiada por los diputados de la comisión de justicia y derechos humanos.