Luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante medidas cautelares imposibilitara al Consejo de Ministros para convocar a una sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa para aprobar un préstamo para seguridad, prohibiera al presidente Nayib Bukele de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y ordenara al ministro de la Defensa Nacional Francis Monroy y al director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Arriaza Chicas que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados, la Presidencia dijo que eso podría “dificultar el efectivo trabajo de este Gobierno” y expresó su desacuerdo con la decisión.

“Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, en relación a dichas medidas, acataremos la orden”, añadió.

El comunicado girado por la Presidencia de la República en conjunto con el Consejo de Ministros se emitió en la noche del lunes, un día después de que Bukele ocupó el puesto del presidente de la Asamblea Legislativa acompañado de militares armados con fusiles, y en él se asegura que “el órgano Ejecutivo se ha mostrado, en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes”.

Luego que el domingo Bukele dio una semana a los diputados para que le aprueben el préstamo, el comunicado difundido anoche asegura que con la convocatoria hecha por el Ejecutivo no se pretendió “imponer la votación que le compete a la Asamblea Legislativa”.

Por otra parte, la Presidencia “exhortó” a la Sala a que para su sentencia definitiva adapte la Constitución “a las realidades del momento” y “tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad”.

La comunidad internacional se mantuvo alerta por los actos cometidos por el Gobierno el fin de semana y pidieron un respeto a la separación de poderes y la búsqueda de una solución a la crisis política.