"Presidente Nayib Bukele y sus aliados debilitaron el sistema de contrapesos democráticos"

Diferentes acontecimientos realizados por Nayib Bukele y sus súbditos han marcado a El Salvador en los últimos dos años. Según el informe del HRW, el gobierno ha violentado la constitución de la república en reiteradas ocasiones.

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Golpe.  La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y fiscal general el 1 de mayo fue señalada como un golpe de estado a nivel nacional e internacional.

Golpe. La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y fiscal general el 1 de mayo fue señalada como un golpe de estado a nivel nacional e internacional.

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"En 2021, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura debilitaron gravemente el sistema de contrapesos democráticos", así inicia el informe de Human Rights Watch sobre el capítulo para El Salvador, donde hace graves señalamientos al actual Gobierno por las constantes violaciones a derechos humanos que han realizado desde que están en el poder.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) destacó las graves violaciones al estado de derecho, entre las más recientes, lo que sucedió el 1 de mayo de 2021, cuando se destituyó por parte de la Asamblea Legislativa afín al Gobierno, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional "cuyas sentencias desagradaban al gobierno" e impusieron en ese mismo momento a cinco personas afines a presidencia. Un mes después nombraron a otros cinco magistrados. "La Asamblea ya ha nombrado a 10 de los 15 jueces de la Corte Suprema, a pesar de que la legislación salvadoreña solo permite que cada nueva asamblea designe a cinco".

Otra fuerte violación a los derechos humanos en El Salvador y que afectó la independencia judicial es cuando aprobaron las reformas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) que cesó de sus cargos a 216 jueces. Cuya razón de dichas reformas fue por "razones de conveniencia del servicio", aunque varios diputados sostuvieron que fue para quitar a "los jueces corruptos".

Otro factor importante es la resolución de los magistrados impuestos en dicha Sala, que avaló la reelección presidencial, a pesar que la Constitución de la República de El Salvador lo prohibe. Además, de la propuesta de presidencia de ampliar dicho periodo de cinco a seis años de mandato.

Aunque estas acciones fueron realizadas cuando el presidente Bukele ya tenía en sus manos a la Asamblea Legislativa, los abusos de poder los inició antes cuando ingresó a la fuerza a Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, quien entró con militares "en un aparente esfuerzo por intimidar a los legisladores para que aprobaran un préstamo para las fuerzas de seguridad", relata el informe.

Impunidad

El informe destaca investigaciones de medios de comunicación salvadoreños que dieron a conocer la negociación que el gobierno actual tiene con las tres principales pandillas del país: Mara Salvatrucha, 18 Sureños y 18 Revolucionarios.

Citaron al periódico digital El Faro que expuso que "el gobierno había otorgado privilegios carcelarios a pandilleros y mayores oportunidades de empleo para aquellos fuera de prisión a cambio de una reducción en el número de homicidios en el país".

También mencionaron que varios medios han publicado la "colaboración en actividades delictivas" que han tenido funcionarios y agentes de seguridad con las pandillas, aparte de las negociaciones de los partidos políticos con dichas organizaciones, específicamente en apoyo para las elecciones.

Impunidad

"La impunidad por abusos perpetrados por el gobierno es la norma", así cataloga HRW al Gobierno del presidente Bukele, ya que resalta que el mandatario evitó que el juez de el caso El Mozote, Jorge Guzmán pudiera acceder a los archivos militares. Destacaron también, que por las reformas a la LCJ, este juez tuvo que dejar su cargo. "Es probable que su remoción genere mayores demoras en el proceso, señalaron.

A 40 años de la masacre ocurrida en El Mozote y lugares aledaños, los familiares de las víctimas aún no han encontrado justicia.

Entre las instituciones que han mostrado retrocesos en su trabajo, el informe mencionó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que suspendió las audiencias y procesos para el acceso a la información pública de las instituciones gubernamentales.

Otra institución señalada fue la Fiscalía General de la República (FGR) que en junio finalizó el acuerdo que tenía con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que crearon la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) para combatir la corrupción en el país. La CICIES había remitido 12 investigaciones a la FGR de posibles actos de corrupción durante la pandemia del covid-19 y que involucraban a varios funcionarios.

Un mes antes, la Asamblea había aprobado la famosa "Ley Alabi", para protegerlos. "La legislatura otorgó "inmunidad" a funcionarios gubernamentales y contratistas ante procesos penales y administrativos relacionados con compras de emergencia por la pandemia de Covid-19, incluida la compra de insumos médicos y la contratación de servicios".

Pandillas y autoridades

Otro de los puntos importantes que destaca es la delincuencia que vive el país, donde aseguran que son las maras quienes controlan los territorios y extorsionan los habitantes de todo el país.

Denunciaron que estos grupos reclutan a la fuerza a niños, niñas y someten a abusos sexuales a las mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBT. "Las maras han asesinado, desaparecido, desplazado y sometido a violación sexual a quienes se les resisten", señaló.

Y no solo mencionan a las pandillas en graves violaciones hacia la población, sino que denuncian también a las autoridades de seguridad, quienes han estado involucradas en "ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales, desapariciones forzadas y otros actos de tortura".

"Entre 2015 y 2020, la policía cometió 179 ejecuciones extrajudiciales, según datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En 25 casos se dictaron condenas por estos hechos", señala el informe.

Sobre el problema de desplazamiento forzado que vive el país, el informe cita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que publicó que entre 2011 y 2020 hubo 71,500 desplazados, huyeron por los problemas de la violencia de las maras y los cuerpos de seguridad.

Otra violación es la penalización del aborto, donde niñas y mujeres son acusadas de homicidio y homicidio agravado. Además, la discriminación y violencia que sufren de la comunidad LGBT, por parte de la Policía Nacional Civil.


Así debilitó la democracia el presidente Nayib Bukele 

Cuatro acontecimientos marcaron la “autocracia” del actual gobierno

9 febrero 2020
Ingreso a la Asamblea Legislativa con militares   
El presidente Nayib Bukele ingresó a la fuerza a la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados a que aprobaran un préstamos de $109 millones para la segunda fase del Plan Control Territorial (PCT). Militares y policías acompañaron al mandatario, quien amenazó con disolver dicho órgano. 

1 mayo 2021
Destitución de magistrados y fiscal
La recién conformada Asamblea Legislativa oficialista, destituyó en su primer día de trabajo a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. En ese momento pusieron a  personas afines al  ejecutivo. Luego hubo persecución contra los funcionarios destituidos. Algunos huyeron del país.   

31 agosto 2021
Aprueban reformas a la ley de la carrera judicial  
La Asamblea Legislativa aprobó con 64 votos las reformas a la Ley de la Carrera Judicial a jueces y fiscales que tuvieran más de 60 años de edad o 30 años de servicio. Al entrar en vigencia en septiembre, cesó de sus cargos a más de 300 jueces  y fiscales. Ese mismo mes se juramentaron a  jueces sin el debido proceso.   

3 septiembre 2021
Sala avala reelección presidencial  
La Sala de lo Constitucional impuesta avaló la reelección presidencial, a pesar que la Constitución. La Sala alegó que hubo una interpretación errónea de la carta magna. Según la interpretación de dicha Sala, “el pueblo tendrá en su gama de opciones a la persona que en ese momento ejerza la presidencia”.

 

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