Presidente TSE sin pruebas de sabotaje: FGR

Olivo declaró en Fiscalía, pero no llevó pruebas del supuesto boicot al sistema denunciado un día antes. Los fiscales que lo entrevistaron aseguraron que tampoco denunció alguna acción constitutiva de delito.
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Opinión.  Dos de los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia opinaron que sus resoluciones no tienen nada que ver con los problemas logísticos del TSE para transmitir los resultados.

Opinión. Dos de los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia opinaron que sus resoluciones no tienen nada que ver con los problemas logísticos del TSE para transmitir los resultados.

Presidente TSE sin pruebas de sabotaje: FGR

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El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, declaró ayer en la Fiscalía General de la República (FGR) sin presentar pruebas que sustenten la afirmación que había dicho un día antes, cuando declaró que hubo sabotaje al proceso de divulgación de los resultados de las elecciones del 1.º de marzo, según los fiscales que lo entrevistaron.

Olivo permaneció cinco horas dentro de la Fiscalía. “Al preguntarle específicamente en qué consisten los actos de sabotaje, que él ha denunciado ante la opinión pública, manifestó que no podía precisarlos, en vista de que considera que podría tratarse de términos técnicos. Al preguntarle, entonces, a quién estaría denunciando de haber cometido estos actos, expresó que tampoco podría precisar responsabilidad para persona alguna”, narró David Acosta, asesor jurídico de la Fiscalía General de la República.

Los fiscales que lo entrevistaron ofrecieron una conferencia de prensa después de la entrevista para contar lo narrado por Olivo, lo que no es usual en la FGR.

Olivo dio su versión a periodistas al salir de la entrevista: “Se ha denunciado a la empresa Soluciones Aplicativas porque no logró preparar la base de datos que nos permitiría divulgar a la sociedad toda la información acerca de los resultados. En esa data estaba contemplado todo el procesamiento de los votos por bandera, voto por preferencia, voto por rostro y voto cruzado, y sobre toda esa información tenía que haberla construido”, comentó el presidente de tribunal.

La Fiscalía inició una investigación de oficio el pasado miércoles para determinar si, como lo señaló Olivo, existió algún tipo de boicot. Hasta ayer, y con lo aportado por el presidente del TSE, no habían encontrado indicios de algún ilícito porque el presidente del TSE, en palabras de Acosta, “no está acreditando elementos que puedan ser eventualmente constitutivos de delito”.

“No se ha mencionado ni siquiera en qué consisten los hechos por los que podría verse agraviada la función del tribunal, ni quién sería eventualmente el responsable a consideración de él”, dijo el fiscal.

Olivo reconoció ante los medios de comunicación que con los errores y las fallas en la etapa de divulgación se ha ocasionado un daño irreparable a la democracia, pero cuando se le consultó sobre las pruebas que había ofrecido presentar respondió: “No le puedo decir las pruebas. Si les digo las pruebas entonces...”. El funcionario tampoco precisó qué tipo de delito presume que se cometió. “El Código Penal define los delitos tipos y no existe delito tipo de sabotaje. Esa es una afirmación si quiere más de nuestro caló, yo estoy usando ese término, busquemos el diccionario, qué implica sabotear”, dijo.

El asesor jurídico de la Fiscalía leyó un fragmento del acta de entrevista para dejar en evidencia la ambigüedad de la declaración: “Se le pregunta específicamente en qué considera que consistieron los actos de sabotaje que ha denunciado. Manifiesta que, en virtud de los problemas que se dieron, fueron de carácter técnico, no podría precisar en virtud de qué podría tratarse de un delito informático... Por lo que tampoco podría señalar personas en específico”.

El presidente del TSE, según Acosta, mencionó los nombres de 15 empresas que administraron programas informáticos, pero no responsabilizó a ninguna ni denunció a personas naturales. Sin embargo, en declaraciones a diferentes medios, el magistrado ha responsabilizado a René Torres, el jefe de informática del tribunal, de ser culpable de los fallos.

“Al preguntarle en qué había consistido el daño que se había ocasionado, nos expresaba que no obstante que se hicieron pruebas, no se había detectado por qué no se hizo ninguna prueba con respecto a la divulgación de datos”, refirió el asesor de la FGR.

El fiscal advirtió que, de no presentar pruebas de los señalamientos, el presidente del tribunal podría incurrir en un delito de acción privado, como calumnia o difamación. “Existe una figura que se llama la denuncia o acusación calumniosa, pero para que esa figura opere tendría que haber una persona determinada a quien estuviese señalándose falsamente, y en este caso no lo tenemos”, explicó.

Olivo se queda solo

El resto de magistrados que integran el TSE tomaron distancia de la teoría del sabotaje elaborada por el presidente. “Yo no puedo decir que haya habido sabotaje mientras no tenga los informes, que los hemos pedido ya, fue la decisión que tomamos ayer (miércoles). Yo soy abogado de la República y no puedo aseverar una cosa que yo no he visto, que yo no tengo información. Probablemente el presidente tenga información que nosotros no tenemos y por eso él ha dado esa información”, afirmó el magistrado Miguel Ángel Cardoza.

Fernando Argüello Téllez dijo, por su parte, que en el organismo colegiado le hicieron ver a Olivo “que hablar de sabotaje es una cuestión muy delicada, que no podemos hacerlas si no se tienen las pruebas concernientes. ¿Qué es lo que sí todos los magistrados estamos de acuerdo? Que hay que hacer todas las pesquisas correspondientes, averiguar con esquemas informáticos, con empresas que nos puedan decir a ciencia cierta qué fue lo que falló”, explicó el magistrado. La Fiscalía ha convocado a entrevistas a todos los magistrados. Según Olivo, también citará a los representantes de las empresas.

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