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Presidente de Corte Suprema de Justicia de El Salvador cree necesaria una nueva Ley de Probidad

El presidente de la Corte Suprema de Justicia defendió las resoluciones recientes de Corte Plena sobre enriquecimiento ilícito de exfuncionarios y funcionarios.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Armando Pineda, reconoció la necesidad de crear una nueva Ley de Probidad y también aseguró que no existen anomalías en las recientes exoneraciones a exfuncionarios y diputados que tenían sospechas de enriquecimiento ilícito, pese a las críticas que ha recibido el Órgano Judicial.

Pineda habló con LA PRENSA GRÁFICA sobre el tema de las investigaciones de probidad y dejó entrever que han actuado pegado a la ley existente.

El titular del Órgano Judicial reconoció que es necesaria una nueva ley para realizar de manera "eficaz" el control patrimonial de los empleados y funcionarios públicos.

"En una necesidad latente crear una nueva Ley de Probidad. El 16 de julio de 2015 la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Probidad que había aprobado la Asamblea Legislativa, por diferentes motivos de fondo y de forma. Por ello se mantuvo vigente la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que por muy buenas intenciones que tenga, ya cumple 60 años de vigencia y hay una realidad y crecimiento exponencial del Estado que ya no logra cubrir el ámbito de aplicación de esta ley, así que necesitamos una nueva, más eficaz", dijo Pineda.

Pineda asegura que no han existido malas intenciones ni malos procedimientos respecto a las recientes exoneraciones de funcionarios que enfrentaban dudas sobre su patrimonio e hizo incapié en que no todo depende de la Corte, sino que hay otras instancias que también deben trabajar en este tema.

"Cabe recordar que el proceso de Probidad puede derivar en varios tipos de procesos, por ejemplo en un juicio civil por enriquecimiento ilícito, un proceso penal por la comisión de hechos delictivos o derivar en una acción de extinción de dominio sobre los bienes. Todas resultan ser acciones independientes", expuso.

Agregó que "todos los delitos que tengan un componente de corrupción en su cometimiento, si lo tuvieren, pueden ser denunciados en las instancias correspondientes, es decir, en la Fiscalía General de la República, que tiene asignado el deber constitucional de dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal respectiva".

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