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Presidente de la CSJ se rehusó a recortar seguros médicos

El magistrado de la Sala de lo Constitucional dijo que son derechos conquistados. La Corte recién dio un bono salarial a sus empleados, mientras la Sala recomendó austeridad.
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Sala de lo Constitucional, Armando Pineda Navas, mostró su inconformidad con la recomendación que hizo el resto de magistrados de la Sala para prohibir la contratación de seguros médicos privados a funcionarios judiciales.

Pineda Navas votó de forma concurrente en la resolución que declaró inconstitucional la Ley de Presupuesto General 2017, es decir que el magistrado estaba de acuerdo con los efectos finales de la sentencia, mas no con los argumentos que adoptaron sus colegas, particularmente en el tema de los seguros. En dicha resolución cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional votaron a favor de recomendar a los tres órganos de Estado que se abstengan de contratar seguros médicos hospitalarios para sus “funcionarios y jefaturas”. El tribunal también avaló que las instituciones establezcan medidas para compartir los gastos de los seguros con los funcionarios.

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“Algunas prestaciones establecidas por ley, como ejemplo, Ley de la Carrera Judicial, no pueden implicar una desmejora como se ha consignado en la sentencia, sobre todo si estas obedecen a riesgos y otras incidencias propias de la función que se desempeña. Por lo tanto, disiento en cuanto a reducir prestaciones relativas a la salud de servidores públicos, salvo cuando estas sean excesivas y al amparo de ellas rebasen coberturas propiamente de salud”, se lee en el voto razonado del funcionario.

El artículo 41 de la Ley de la Carrera Judicial establece que los miembros de la carrera gozarán, sin perjuicio de otras leyes, atención médica-hospitalaria, seguro de vida y de accidentes personales, entre otras prestaciones.

Desde el año pasado, la CSJ aumentó el gasto en seguros médicos, ya que incluyó a todo el personal administrativo. De esta forma la CSJ adjudicó contratos el año pasado por $6.1 millones para seguros médicos privados.

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La Sala también recomendó en la resolución a los tres órganos de Estado no dar compensaciones salariales. Sin embargo, la CSJ recién pagó $700 a cada uno de los al menos 9,000 empleados judiciales en concepto de bono salarial de julio. Además, tienen proyectado entregar otro de $1,300 para cada trabajador diciembre.

El magistrado presidente también emitió su voto concurrente respecto a la resolución de seguimiento con la cual la Sala anuló el decreto legislativo que obligaba a las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) a prestar hasta el 50 % de los ahorros de los pensionados al Gobierno. Cuatro magistrados de la Sala consideraron que era necesario volver a bajar el techo de la inversión obligatoria al 45 %, debido a que el Gobierno paga una baja tasa de interés.

Sin embargo, Pineda Navas dejó constancia en su voto que pudo haberse autorizado “por una sola vez, en transacción única, el aumento al porcentaje en uno o dos puntos, a efecto de que el Estado obtuviese disponibilidad financiera, para el pago de pensiones a las personas jubiladas”.

La medida autorizada por la Sala impidió que el Gobierno obtuviera $500 millones más.
 

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