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Presupuesto 2017 sin incluir pago de deuda ni pensiones

El ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa a explicar el plan de gastos, que ha sido criticado por carecer de financiamiento para varios rubros que se deberán cubrir.
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El titular de Hacienda, Carlos Cáceres, aseguró ayer a los diputados de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa que el proyecto de presupuesto que su cartera elaboró para 2017 se enfoca en las áreas de salud, educación y seguridad.

El plan de gastos para el próximo año asciende a $4,957.8 millones, lo que representa un aumento de $97 millones con respecto de 2016, es decir, un 2 % adicional, según Cáceres. Esto pese a que se han reducido áreas como el FODES y los escalafones.

El funcionario ha admitido que el presupuesto no contempla el dinero para el vencimiento de deuda como los Certificados de Inversión Previsional (CIP). Estos CIP son papeles que las AFP han comprado con el dinero de los trabajadores que actualmente están ahorrando para su futura jubilación. En 2017 hay que pagar $220 millones en estos títulos, pero ese dinero no está contemplado en el plan de gastos.

La Asamblea Legislativa aprobó el mes pasado una reforma que permite que el Gobierno eche mano del dinero que obtiene de la venta de los CIP para pagar a las AFP: se endeudaría con los fondos de pensión para pagar la deuda con los mismos fondos de pensión. Sin embargo, dicha reforma, ya vigente, a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) tiene al menos dos demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Al no presupuestar el dinero para los CIP, Hacienda está dejando claro que espera echar mano de los fondos de pensión para poder pagar esta deuda. En caso de que la reforma se declare inconstitucional o que la CSJ emita una medida cautelar para proteger los fondos, el Estado no tendría presupuestado el dinero para cubrir estos vencimientos.

El proyecto de presupuesto para 2017 incluye $12 millones para el pago del anticipo de la deuda política, ya que en 2018 son las elecciones para alcaldes y diputados. Cáceres dijo que se han considerado $105 millones que corresponden a la contribución especial para la seguridad.

El funcionario confirmó que en el plan de gastos solo se han destinado $10 millones para pagar el escalafón a aquellos empleados de Salud que ganan menos de $1,500. De acuerdo con sus estimaciones, se trata del 85 % de empleados de esa cartera. Cáceres calificó el escalafón como “regresivo”, ya que el pago para el restante 15 % de trabajadores cuesta $18 millones.

Recordó que hay una disminución de casi $80 millones en bienes y servicios. El ejercicio que se hizo fue reducir los techos presupuestarios y restar un 17 % “sin sacrificar los programas sociales”, aseveró el funcionario. La partida para inversión pública es de $580 millones.

Asimismo, el titular de Hacienda dijo que el gasto en subsidio al gas licuado pasa de $55 millones a $40 millones. Al FODES se le reducen $1.8 millones por la disminución de los cálculos en los ingresos corrientes.

Finanzas presionadas

El ministro advirtió que “si no se cambia el sistema para financiar las pensiones, habrá una crisis peor que la fiscal”. Sin embargo, el presupuesto presentado no incluye el pago de pensiones, y aún así no solo se mantiene, sino que sube en $94 millones, y no varía el déficit proyectado en las finanzas públicas para el próximo año.

La oposición política criticó el presupuesto. El diputado de ARENA Donato Vaquerano señaló el recorte para el FODES que afectaría a las municipalidades, mientras que el también parlamentario tricolor Rodrigo Ávila se pronunció en contra de una reducción de $13.8 millones al financiamiento operativo de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, Lorena Peña, diputada del FMLN, alegó: “Los $900 millones que vamos a pagar (en deuda) este año aún son deuda de ARENA. Aquí se habla como si el ministro (de Hacienda) fuera mago, pero él tiene leyes que lo regulan. Yo estoy de acuerdo en que se necesitan más impuestos, y por eso se deben meter presos a los evasores”.

Las críticas más duras fueron por parte de Ana Vilma de Escobar, quien cuestionó que el proyecto que defendió el fisco tenga la capacidad de lograr el bienestar de la población, y explicó que la apuesta tiene que ir en la línea del crecimiento y no de contraer más deuda. En ese sentido, la diputada de ARENA pidió triplicar la asignación para Educación.

De hecho, educación y salud son las dos grandes áreas en las que el país debería dirigir su gasto, según Ricardo Castaneda, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Durante una entrevista en el Canal 33, el experto argumentó que el país urge de un acuerdo fiscal profundo y no solo incluir medidas de corto plazo.

En lo inmediato se requeriría aprobar la emisión de bonos por $1,200 millones para aliviar el actual problema de caja que el Estado tiene, que pone presión por las obligaciones que el Gobierno debe afrontar, como el pago a proveedores, la transferencia del FODES y la deuda de corto plazo.

Posteriormente se tendrían que tomar medidas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas del país, en específico en la formulación del presupuesto 2017, que debe tener “todos los gastos incorporados”; a partir de ese momento, el Gobierno deberá planificar sus gastos con base en resultados.

En ese sentido, Castaneda reiteró que es necesario que el país crezca más; sin embargo, opinó que esto podría lograrse con una política fiscal que se oriente a la efectividad del Estado y a la transformación productiva, lo que implicaría gasto público pero adecuado en áreas como educación y salud.

“Necesitamos una política fiscal justa, que nos aleje de la barbarie que estamos viviendo actualmente, una política fiscal que ponga por delante a las personas y eso pasará por comprender que necesitamos un gasto suficiente”, afirmó el experto.

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