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Primer alcalde juzgado por falta a ley de información

El Instituto de Acceso a la Información Pública hace sus primeras audiencias por demandas contra entidades estatales.
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Las audiencias.  EL IAIP lleva a cabo, por hoy, sus audiencias en su sede provisional, que ha sido concedida por USAID, mientras el Gobierno desembolsa el presupuesto que por ley se le debe asignar al instituto. El presupuesto para el IAIP es de más de $990,000. Mientras no exista desembolso, el instituto mantendrá carencias y deficiencias derivadas de la falta de recursos.

Las audiencias. EL IAIP lleva a cabo, por hoy, sus audiencias en su sede provisional, que ha sido concedida por USAID, mientras el Gobierno desembolsa el presupuesto que por ley se le debe asignar al instituto. El presupuesto para el IAIP es de más de $990,000. Mientras no exista desembolso, el instituto mantendrá carencias y deficiencias derivadas de la falta de recursos.

Primer alcalde juzgado por falta a ley de información

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El alcalde de San Juan Opico, Romeo Barillas, es el primer alcalde de El Salvador que se sentó frente a los cinco comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Barillas asistió a una audiencia en su contra el pasado jueves 23 de mayo. A su derecha estaba Heriberto Chicas, el ciudadano que denunció a Barillas por falta de acceso a la información desde 2012 y por no tener a disposición a un oficial de información en la alcaldía desde enero de 2013.

En esa audiencia, el IAIP le recordó a Chicas que su denuncia por falta de acceso a la información fue desestimada meses atrás debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido antes de la conformación del instituto y que solo le competía conocer la razón por la que la Alcaldía de San Juan Opico, en La Libertad, no cuenta con un oficial de información a pesar de un año de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

La LAIP establece que se comete una falta muy grave cuando el titular de una institución deja vacante el cargo de oficial de información pública. La sanción para esta falta grave oscila entre 20 y 40 salarios mínimos para el sector comercio y servicios. En la actualidad, $224.21 es el monto de un salario mínimo.

El presidente del IAIP, el comisionado Carlos Ortega, explicó a LA PRENSA GRÁFICA días atrás que las sanciones contenidas en la LAIP son para la persona infractora (titular de una institución) y no para la institución. Es decir, según Ortega, el funcionario público a cargo de una institución deberá pagar la sanción con sus propios ingresos en caso de que viole los términos de la LAIP.

El alcalde Barillas tenía razón de ir a presentar personalmente sus alegatos ante el IAIP, acerca de la denuncia del ciudadano.

Barillas explicó que se contrató a finales de 2012 a una persona para que atendiera la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la alcaldía. Sin embargo, relató que la oficial de información contratada terminó sus labores a finales de diciembre pasado y no quiso firmar un contrato para trabajar en la alcaldía durante 2013. Desde entonces, aseguró Barillas, la comuna ha buscado a un oficial para suplir la vacante.

El alcalde de San Juan Opico aseguró al IAIP que, a falta del oficial de información, el gerente de la alcaldía se hace cargo de tramitar las solicitudes de información.

Chicas, por su parte, pidió al IAIP que no se castigue con sanción al alcalde Barillas, pero que sí lo obligue a que con brevedad nombre a su oficial de información y le destine una oficina dentro de la alcaldía, para dar atención.

El ciudadano dijo que, con la OIR instituida en la alcaldía, volverá a pedir toda la información que le fue denegada en 2012. Chicas pidió conocer proyectos comunales y presupuestos de ejecución de obras, así como el plan operativo anual de la municipalidad.

Los comisionados del IAIP tomaron los alegatos y ya presentaron su resolución sobre el caso. En los próximos días será pública.

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  • Alcalde Romeo Barillas
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