Lo más visto

Más de El Salvador

Privados volverán a tener delegados en 19 autónomas

Asamblea violó la Carta Magna al no justificar la urgencia por la que las reformas para dejar la facultad solo al presidente del país se pasaron con dispensa de trámites al pleno.
Enlace copiado
Sala declara inconstitucional.  Según los magistrados, la votación se realizó de forma unánime.

Sala declara inconstitucional. Según los magistrados, la votación se realizó de forma unánime.

Privados volverán a tener delegados en 19 autónomas

Privados volverán a tener delegados en 19 autónomas

Enlace copiado
La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales las reformas hechas en 2012, a solicitud del entonces presidente Mauricio Funes, a 19 leyes vinculadas a instituciones autónomas, mediante las cuales se estableció que el Ejecutivo pudiera seleccionar a los funcionarios del sector privado más competentes para que integren los consejos directivos de las autónomas, y que estos ya no fuesen designados desde las contrapartes privadas.

El principal argumento esgrimido por los magistrados para declarar la inconstitucionalidad es que las reformas se hicieron bajo el procedimiento de “dispensa de trámites”, sin que el pleno legislativo haya aducido razón alguna para justificar la urgencia en su aprobación.

“Las dispensas de trámites registradas en el acta carecen de razón alguna que las haya justificado. La urgencia con que las reformas a las leyes en cuestión fueron aprobadas no fue razonada, ni oral ni por escrito. Esto significa que el proyecto de las reformas no fue objeto de estudio en ninguna comisión legislativa”, se lee en la resolución emitida ayer.

La Sala de lo Constitucional solicitó una justificación a la Asamblea Legislativa sobre dicho proceder. Ante esto, la representación legal del parlamento advirtió que la Constitución de la República no establece que la urgencia para la aprobación de algunas reformas deba razonarse. Además, argumentó que los requisitos de formación de ley no fueron vulnerados debido a que la reforma se discutió en el pleno por los diputados, pues la norma constitucional no establece que toda modificación legal debe ser discutida específicamente en el seno de una comisión. La vocería parlamentaria argumentó que, además, la ley no estipula las horas en que deben ser aprobadas disposiciones legales, o si el debate debe ser seguido en vivo por la población.

Por su parte, el fiscal general de la República, al ser consultado por la Sala de lo Constitucional, manifestó que “no hubo margen temporal alguno entre los momentos en que los 19 decretos impugnados fueron aprobados, y denotan ausencia completa de discusión parlamentaria sobre los mismos”, con lo cual se violó el articulo 135 de la Constitución, en el que se establece que toda reforma legal debe ser sometida a una deliberación basada en el principio de libre discusión.

Según consta en la resolución de la sala, las reformas fueron aprobadas pese a que varios diputados del partido ARENA solicitaron que esta fuera discutida primero en una comisión o que se fundamentara la urgencia de hacer dichos cambios en la legislación de las autónomas.

La aprobación de las reformas se dio durante la sesión plenaria que inició el 17 de agosto de 2012 y finalizó en horas de la madrugada del día siguiente. Y fueron aprobadas por los votos de todos los partidos políticos excepto ARENA y CD, que criticaron fuertemente las medidas.

Las 19 leyes que sufrieron reformas fueron: Ley de Formación Profesional, Ley del Seguro Social, Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo, Ley del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, Ley del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, Ley de la Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, Ley Orgánica de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Ley del Fondo Social para la Vivienda, Ley del Fondo de Conservación Vial, Ley General Marítimo Portuaria, Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Ley de la Corporación Salvadoreña de Turismo, Ley del Instituto Salvadoreño de Turismo, Ley Orgánica de Aviación Civil, Ley del Consejo Salvadoreño del Café, Ley del Fondo Ambiental de El Salvador y Ley del Fondo Nacional de Vivienda Popular .

La demanda sobre la que la Sala de lo Constitucional resolvió ayer de forma unánime fue interpuesta por el actual director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Roberto Arnoldo Jiménez.

¿Qué sigue?

Las leyes de cada una de las distintas instituciones autónomas que tiene el Estado salvadoreño plantean diferentes plazos de vigencia de los directivos titulares en el cargo.

Por esta razón es que actualmente hay algunos consejos que están iniciando su gestión y otros que están por terminar.

Debido a esta situación, la resolución de la Sala de lo Constitucional especifica que los nombramientos vigentes actualmente no serán vulnerados, sino que esta medida empezará desde la próxima designación de miembros de los consejos directivos de cada una de las instituciones autónomas.

“Los actuales miembros de los consejos directivos de las instituciones oficiales autónomas, integrados por todos los sectores que la ley prevé, incluido el sector empleador, continuarán en sus cargos hasta que venza el período que corresponda. En consecuencia, su elección y nombramiento no quedarán afectados con la presente sentencia”, reza el documento divulgado por la Sala de lo Constitucional.

Lee también

Comentarios