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Probidad alista multa para 262 funcionarios

Solicitó constancia de credenciales al Tribunal Supremo Electoral
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Incumplimiento.  Probidad da seguimiento a funcionarios que incumplen la presentación de su informe.

Incumplimiento. Probidad da seguimiento a funcionarios que incumplen la presentación de su informe.

Probidad alista multa para 262 funcionarios

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La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que le envíe constancias que acrediten la elección de 262 funcionarios que han incumplido la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio.

El pasado 31 de agosto, Probidad envió un escrito al TSE en el que le solicita la constancia de elección de 158 funcionarios del período 2012-2015 que enfrentan un proceso de imposición de multa por incumplimiento de la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito, así como la constancia de elección de 104 funcionarios elegidos para el período 2015-2018.

La oficina de la CSJ también requiere constancia de toma de posesión de dichos funcionarios.

“Hasta el momento no conocemos que hayan pedido”, dijo ayer el magistrado del TSE Fernando Argüello Téllez, al ser consultado sobre la solicitud.

La Ley sobre Enriquecimiento Ilícito vigente, promulgada en 1959, establece que quienes incumplan los plazos de presentación de su declaración jurada de patrimonio se enfrentarán a una multa mínima de 100 colones ($11.43) o a una máxima de 5,000 colones ($571.43).

La normativa dispone que los funcionarios deben presentar su declaración 60 días después de tomar posesión y 60 días después de cesar sus cargos.

En enero de 2014, la Corte Suprema de Justicia le regresó a la Sección de Probidad la facultad de solicitar informes bancarios para comparar la información enviada por los funcionarios. Esa oficina ha dicho con anterioridad que tiene un universo obligado de 25,000 servidores públicos, de todas las carteras de Estado.

Desde que la Corte le dio esa facultad a Probidad, esa oficina ha concluido auditorías patrimoniales a funcionarios que terminaron en juicios civiles. Los procesados hasta el momento son el diputado del PCN Reynaldo Cardoza, el exdirector del Instituto del Seguro Social Leonel Flores y dos expresidentes de la república: Antonio Saca y Mauricio Funes.

Ley en suspenso

La Sección de Probidad está realizando sus auditorías con base en la ley de 1959, ya que el pasado 11 de enero, la Sala de lo Constitucional de la Corte admitió una demanda contra la nueva Ley de Probidad, aprobada a finales de diciembre del año pasado.

En la ley que está en revisión, los diputados le habían quitado a la CSJ la facultad de abrir juicios por sospechas de enriquecimiento ilícito y se la habían trasladado a la Sala de lo Civil.

Los demandantes plantearon que los diputados aprobaron una normativa “sin dientes” para combatir la corrupción por “omitir la regulación de los mecanismos necesarios para garantizar la probidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos”.

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