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Probidad sin 30 % de informes de patrimonio de funcionarios

La Sección de Probidad de la CSJ priorizó visitar instituciones vinculadas al Ejecutivo para generar conciencia sobre la necesidad de presentar declaraciones patrimoniales.
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Probidad sin 30 % de informes  de patrimonio de funcionarios

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Datos de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) muestran que esa oficina no cuenta con el 33% de la información patrimonial de funcionarios que estaban obligados a declarar su patrimonio entre 2002 y 2016.

Lo anterior es debido a la suma de más de 13,000 declaraciones no presentadas, más las 7,000 que tiene pendientes de revisar Probidad para ver si cumplen con los requisitos de ley, más las 8,000 que la oficina devolvió porque fueron presentadas incompletas; lo que da un total de más de 29,000 declaraciones de los 86,000 documentos de patrimonio que por ley debió haber recibido la Sección en los últimos 14 años.

Según cifras oficiales de la Corte, desde el año 2002 a la fecha, el 15 % del universo de funcionarios obligados no entregó sus declaraciones juradas de patrimonio (de toma de posesión, actualización o cese) . Además, Probidad tiene pendientes analizar el 10 % de las más de 70,000 declaraciones presentadas por exfuncionarios.

En el caso del Órgano Judicial, de un total de 999 declaraciones patrimoniales que debieron haber sido presentadas entre 2002 y 2016, los funcionarios judiciales omitieron entregar 216, lo que equivale a un poco más del 20 % del total de documentos requeridos.

La mayoría de la población obligada a declarar (más de 35,000) son funcionarios ligados a municipalidades. No obstante, en proporción, el grupo de instituciones públicas cuyos funcionarios han presentado el menor número de declaraciones patrimoniales respecto a las requeridas son las autónomas, con una exclusión de casi el 30 % de los documentos mandatados por ley.

El grupo de instituciones públicas que más ha cumplido con la entrega de declaraciones patrimoniales son los ministerios, ya que, a pesar de ser las segundas instituciones con el mayor número de declaraciones requeridas (más de 23,000), entre 2002 y 2016 los funcionarios obligados de este sector presentaron más de 20,000 declaraciones juradas.

En noviembre, LA PRENSA GRÁFICA publicó que la Sección de Probidad inició el proceso sancionatorio en contra de 515 funcionarios y exfuncionarios que habían incumplido con el plazo legal para la presentación de sus declaraciones patrimoniales. Según la ley, los funcionarios tienen 60 días luego de asumir su cargo y posterior a cesar sus funciones para presentar su declaración jurada. En caso de incumplir, estos pueden ser acreedores de multas de hasta $571.43.

La normativa estipula que los funcionarios obligados son aquellos que participen de la actividad pública o administren bienes o fondos del Estado.

La Sección de Probidad ha trabajado en los últimos años en auditar 76 casos, seleccionados bajo algunos criterios (cronológico, notoriedad, relevancia del cargo y solicitud de información o denuncia ciudadana), de los cuales cinco fueron terminados el año pasado y 13 este año.

El jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, explicó recientemente que ya cuentan con la información financiera de los 76 casos sobre los que están trabajando; sin embargo, no tienen suficientes personas vinculadas a realizar los exámenes finales de Probidad. Los magistrados han anunciado que el próximo año se contratarán al menos 10 nuevos auditores, con el fin de que la Sección pueda llevar a Corte Plena dos exámenes finales de Probidad cada mes.

CSJ sin presión

La Sección de Probidad realizó siete talleres dirigidos al Órgano Judicial en 2010; en ellos participaron 350 personas. Luego de ese acercamiento para concientizar al sector justicia sobre el trabajo de Probidad, la Sección nunca volvió a visitar ninguna sede judicial, como visitó otras instituciones.

Entre 2002 y 2010, Probidad no registra haber realizado una visita formal a oficinas del Órgano Judicial. Según aseguró el jefe de la Sección de Probidad en una entrevista, dichos acercamientos a las instituciones tienen el objetivo de generar conciencia sobre la obligación que tienen los funcionarios públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales para poder ser auditados.

Desde 2010, la Sección de Probidad venía realizando visitas a varias instituciones de Estado; sin embargo, en el primer trimestre de 2013, un año antes de la salida del pasado Gobierno, focalizó 22 visitas a 14 ministerios, la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas de la República.

Si se hace un conteo de las instituciones que más ha visitado Probidad, las que más se repiten son siempre las oficinas vinculadas al Ejecutivo.

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