Procesado por tráfico de armas, proveedor del Estado

Miguel Ángel Pocasangre Escobar, acusado de haber vendido armas al crimen organizado, ha obtenido contratos con el Estado por poco más de medio millón de dólares, durante los últimos seis años.
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La empresa de importación y venta de armas El Lancero, S. A. de C. V. vendió a la Policía Nacional Civil (PNC) 10,000 municiones por $15,000 en diciembre pasado, en una compra de libre gestión. Para esa fecha, la PNC sabía de sobra que el dueño de esa empresa, Miguel Ángel Pocasangre Escobar, estaba siendo procesado en un juzgado capitalino por venta fraudulenta de armas de fuego y de guerra. El militar en situación de retiro había sido acusado dos meses antes de 17 ventas fraudulentas de pistolas, carabinas y fusiles.

La empresa El Lancero S. A. de C. V. entre 2014 y 2015 obtuvo contratos con la PNC por venta de armas, municiones y chalecos antibalas por $499,512.30; que representan la mayor parte de los ingresos con el Estado por ese rubro en los últimos seis años. Los contratos con otras instituciones entre 2010 y 2015 le han representado $14,264 más.

El Lancero no es la empresa que más contratos ha obtenido –o más dinero– de la venta de armas, municiones, chalecos o esposas, a las instituciones del Estado. De hecho, una de las que ha obtenido las licitaciones más grandes es Centrum S. A. de C. V., con casi $2 millones en los últimos 6 años.

Pero tanto la PNC como la Fiscalía General de la República (FGR) conocían desde, por lo menos, marzo de 2013 que el propietario de El Lancero era señalado por un testigo de vender armas ilegales y de forma fraudulenta a varias personas, entre ellas, algunas que han sido procesadas y condenadas por delitos relacionados con crimen organizado. O incluso antes.

Pocasangre Escobar empezó a resonar desde 2011, cuando la Fiscalía investigó un local de venta de armas llamado Perfection Arms & Security. Ahí, un agente policial encubierto logró que le vendieran un fusil ilegal G-3 de forma fraudulenta. Por ese caso, la hermana del empresario fue condenada a una pena mínima. Y es desde ese caso que surge para los investigadores el testigo con la clave “William”.

El testigo, con régimen de protección a su identidad y con beneficios a cambio de su declaración (criterio de oportunidad), fundamenta gran parte de la acusación que la FGR presentó en octubre de 2015 contra Pocasangre Escobar, en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador. Pero el primer testimonio oficial de “William” contra el militar en situación de retiro data del 4 de marzo de 2013.

Ese día “William” explicó a investigadores policiales que Pocasangre Escobar (propietario de otra armería de nombre Rivera Hoover S. A. de C. V.) obtenía armas ilegales a través de un amigo: el director de Logística de la Fuerza Armada (FAES), Carlos Zavaleta Morán. Según tal versión, entre 2004 y 2005, Zavaleta Morán sustraía armas en depósito de la FAES, las daba a Pocasangre Escobar y este las vendía como “legales”, luego de haber alterado los números de serie y haber falsificado las matrículas .

Y a pesar de tener ese testimonio en su contra —que pasó varado durante más de dos años—, la PNC compró en julio de 2014 por libre gestión 4,000 municiones a la empresa El Lancero S. A. de C. V. por $2,646.40, según consta en una resolución de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la PNC. Tal dato también consta en el sitio de compras estatales Comprasal. En octubre del mismo año, a través de una licitación pública, la PNC también adquirió 440,000 municiones a la empresa El Lancero, por un valor de $218,768. Meses antes, en julio, la PNC había adquirido 597 chalecos antibala a El Lancero S. A. de C. V. a través de una compra directa por $263,097.90.

Según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP), únicamente las situaciones de emergencia avalan una compra directa para una institución del Estado (ver recuadro). La contratación directa de los chalecos antibala adquiridos a El Lancero S. A. de C. V. no fue la única. En noviembre de 2014, la PNC adquirió a través de contratación directa otros 1,250 chalecos antibala a la empresa Technology S. A. de C. V., por un monto de $516,190.78.

La resolución de la OIR de la PNC especifica que en el caso de la licitación de octubre de 2014, el monto de municiones comprado a El Lancero S. A. de C. V. fue $218,768. Sin embargo, en Comprasal existe una licitación para municiones, en el mismo mes, cuyo monto no coincide con el de la OIR, ya que refleja un gasto de $193,600 pagados a El Lancero S. A. de C. V.

Un rastreo por las instituciones que utilizan armas, municiones y artículos relacionados, arroja que El Lancero S. A. de C. V. y Rivera Hoover S. A. de C. V. también fueron proveedores del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), entre los años 2011 y 2015, por pequeños montos que implican compra de municiones para personal de seguridad.

En el caso del MDN, contrató a El Lancero S. A. de C. V. para que le proveyera 786 pares de esposas en 2011, por un monto de $2,000. El MJSP compró a El Lancero y Rivera Hoover $3,086 en 2013, en munición y otros.

También la Fiscalía

La institución encargada de dirigir las investigaciones y solicitar los criterios de oportunidad para involucrados en delitos también compró armas a la empresa de Pocasangre Escobar, cuando ya existía un testimonio en su contra.

El 27 de marzo de 2015, la FGR cerró el período de ofertas para compra por libre gestión de cuatro pistolas, calibre 9 milímetros, que debían incluir dos cargadores cada una. La compra fue adjudicada a El Lancero $4,800.

A inicios de enero pasado, LA PRENSA GRÁFICA publicó un reportaje de la acusación formal contra Pocasangre Escobar y los múltiples cuestionamientos que el Juzgado Cuarto de Paz hizo a la FGR acerca de los vacíos de la acusación. De hecho, el juzgado advirtió a la Fiscalía que no le recibiría la acusación, a menos que diera explicaciones.

Entre los señalamientos hechos por el juzgado están la falta de acusación de la FGR contra el exjefe de Logística de la FAES (Zavaleta Morán) y contra otras personas mencionadas por el testigo “William”. Este periódico comprobó que Zavaleta Morán y el ex fiscal general Luis Martínez fueron compañeros de estudios en bachillerato. Martínez finalizó su período como funcionario el 4 de diciembre de 2015.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó una entrevista acerca de este caso a la FGR, pero no hubo respuesta positiva a la petición.

Desde enero de 2004, cuando El Lancero se constituyó como empresa, Pocasangre Escobar se había desempeñado como el titular de esa sociedad anónima. Los miembros de la junta directiva únicamente han sido dos: él y su esposa, Karla Judith de Pocasangre. Según datos del Registro de Comercio, la empresa fue fundada bajo el régimen del Administrador Único Propietario y su junta directiva duraría 5 años. El 1.º de abril de 2014 se ratificó en una nueva elección de junta directiva a Pocasangre Escobar como el administrador único propietario de El Lancero; y su esposa como suplente. A partir de ahí, después de publicaciones de este periódico y de la acusación en su contra, Pocasangre Escobar ha empezado a desvincularse de la empresa. O a desvincular a la empresa de él.

El 27 de octubre de 2015, El Lancero informó en el Registro de Comercio que Pocasangre Escobar pasó a ser administrador único suplente; y su esposa, titular. En los documentos de inscripción quedó plasmado que tal decisión fue tomada el 4 de septiembre; casi un mes antes de que Pocasangre Escobar fuera acusado formalmente ante el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador de vender armas de guerra de forma fraudulenta.

Pero, la junta directiva volvió a cambiar. Dos meses y 16 días después, Pocasangre Escobar dejó de formar parte de El Lancero S. A. de C. V. como suplente y su lugar fue tomado por Évelyn Elizabeth Ramírez Pérez. Ese cambio quedó formalmente registrado apenas el 18 de enero de este año.

Ramírez Pérez, según consta en los mismos documentos de la empresa del Registro de Comercio, había fungido como la contadora de El Lancero S. A. de C. V.

Pocangre Escobar ha sido contratista de otras instituciones en los últimos cinco años, además de las ya mencionadas. Entre ellas la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Algunas de las ventas fueron también hechas cuando ya constaba un testimonio en su contra ante la FGR y la PNC. Esas ventas fueron hechas a través de la empresa El Lancero S. A. de C. V. y otra de sus empresas, Rivera Hoover y Asociados S. A. de C. V.

De esa última también se desvinculó empresarialmente, después de la acusación en su contra. En diciembre pasado, cuando ya era imputado, Ramírez Pérez también asumió su puesto como administrador único suplente en Rivera Hoover y Asociados S. A. de C. V. Esta empresa, además, tiene la misma dirección registrada que El Lancero S. A. de C. V.

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