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Coronavirus en El Salvador: procesan en libertad a dos capturados por amenazar con saqueo

Juez ordena a imputados no cambiar de residencia ni participar en desórdenes. Gobierno dice que políticos están detrás de protestas, pero imputados lo niegan

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Dos trabajadores del sector informal fueron acusados ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) porque supuestamente formaron parte de un grupo de manifestantes que amenazó con saquear supermercados el lunes pasado, tras el descontento por no estar en el listado del subsidio de $300 ofrecido por el Gobierno para paliar la crisis económica provocada por el nuevo coronavirus.

Los acusados son Daniel Alexis Hernández, trabajador de un taller automotriz (25 años), y Carlos Torres, comerciante de ropa (39 años). La FGR les imputó ayer tres delitos ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador: desobediencia de particulares, desórdenes públicos y apología del delito. Se exponen a penas desde tres años con seis meses de prisión hasta nueve años de cárcel, si son declarados culpables en un juicio.

Aunque las fiscales del caso no quisieron dar declaraciones a los medios de comunicación, sí admitieron que los dos hombres son los que detuvo la Policía Nacional Civil (PNC) el lunes, luego de que se manifestaron en San Salvador junto con decenas de salvadoreños por no estar en las listas gubernamentales para recibir la ayuda de $300 que el Estado empezó a dar desde el sábado anterior.

La fiscalía solicitó que los imputados enfrentaran en prisión la etapa de ampliación de pruebas, denominada Instrucción. Pero el juzgado ordenó ayer que sean liberados, aunque deben cumplir con tres restricciones mientras siguen procesados: firmar cada 15 días en el juzgado instructor que retomará el caso, no cambiar de casa y no participar en desórdenes.

Las protestas surgieron luego de que miles de salvadoreños abarrotaron las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (CENADE) para poner su reclamo por no ser beneficiarios del bono. Fue producto de las indicaciones del presidente Nayib Bukele, quien recomendó que todos los que no aparecieran seleccionados tenían que presentarse al CENADE.

Bukele cerró todas las sedes del CENADE en el país para disolver las aglomeraciones. Luego varios trabajadores informales, entre ellos los procesados, intentaron ingresar a un supermercado ubicado en la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador. "Tenemos hambre", gritaba el grupo de manifestantes, que ante la presencia de policías, militares y seguridad privada desistió de su intención.

La policía solo capturó a dos, sin explicar detalles. Fue hasta ayer que la fiscalía confirmó los delitos que enfrentan los dos hombres, cuando presentó el requerimiento. Sin embargo, las fiscales designadas al proceso también evitaron dar a conocer cómo los imputados cometieron cada uno de los delitos que les acusan.

"Nosotros nos vimos obligados a ir al CENADE porque no aparecimos beneficiarios de los $300 y nosotros fuimos a hacer la cola como cualquier ciudadano (...) De repente salió un muchacho allí diciendo: ‘tenemos hambre’ y fue el protagonista de todo el show; de allí que nosotros agarramos paja también", dijo ayer Torres.

¿Políticos involucrados?

Minutos después de que la fiscalía se presentó en el juzgado para interponer la acusación contra los dos trabajadores informales, el presidente Bukele utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que el lunes la policía capturó a "muchos agitadores" y señaló que los detenidos tenían conversaciones por WhatsApp con políticos que les ofrecieron pagos para provocar los disturbios, sin dar identidades.

"Recibían instrucciones sobre qué tenían que hacer e incluso los dineros que les iban a transferir por las acciones realizadas", publicó Bukele, a la vez que sugirió que esos "políticos" pudieron cometer el delito de sedición. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, secundó al mandatario y agregó que están investigando los supuestos vínculos con políticos. La FGR no confirmó esos nexos.

Los dos imputados negaron haber recibido pagos por participar en las manifestación y aceptaron que cometieron un "error". Daniel incluso levantó su camisa frente a las cámaras de los medios de comunicación para mostrar que no tiene tatuajes alusivos a pandillas, luego de que en redes sociales fueron vinculados con esas agrupaciones.

"Nosotros no pertenecemos a nada, pueden ver en los DUI. Es que nadie nos pudo haber pagado, allí se formó este conflicto (...) Esto fue el presidente (Bukele) que lo hizo, que los que no aparecían en la lista fueran al CENADE para ver si les podían dar los $300 de ayuda. Entonces nosotros fuimos a ver porque no habíamos salido favorecidos", agregó Torres.

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