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Procesarán a “Mecafé” por lavado de dinero

El empresario fue detenido como parte de la red que participó en actos de corrupción en el gobierno de Mauricio Funes. La Fiscalía se ha mantenido hermética para dar detalles de los demás capturados. Procedimiento continúa hoy.
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Capturado. “Mecafé” fue llevado ayer durante la madrugada a la División Central de Investigaciones de la PNC.

Capturado. “Mecafé” fue llevado ayer durante la madrugada a la División Central de Investigaciones de la PNC.

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Cuando los policías le leyeron la orden de detención al empresario Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, le notificaron que estaba siendo detenido por el delito de lavado de dinero, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Ese es uno de los principales delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputará en el caso por actos de corrupción que, según la investigación fiscal, fueron cometidos durante el gobierno de Mauricio Funes.

“Mecafé”, capturado el martes por la noche, es uno de los 28 implicados contra los que la Fiscalía giró órdenes de captura. La institución no quiso confirmar cuántas de esas órdenes logró hacer efectivas la Policía ni cuántas personas se fugaron. Fuentes oficiales de la Fiscalía aseguraron que no podían dar detalles, debido a que el operativo de captura seguía vigente al cierre de esta nota.

La Fiscalía allanó la vivienda y varias empresas de “Mecafé” en 2016 para encontrar elementos de prueba que le permitan sostener una acusación por actos de corrupción en su contra. El fiscal general, Douglas Menéndez, dijo que durante uno de esos allanamientos encontraron en una caja fuerte una escritura en la que se probaba un préstamo entre Funes y “Mecafé” por $700,000. Menéndez denunció en septiembre de 2016 que la escritura encontrada en la caja fuerte había sido modificada en la sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se alojan los libros originales que utilizan los notarios. Según Menéndez, en la misma escritura original aparecían los nombres de otras personas, en lugar de los de Funes y “Mecafé”.

El empresario detenido también fue vinculado por investigaciones periodísticas a una red de favores que incluyen la recepción de un préstamo por $750,000 desde el Banco Hipotecario y la compraventa de un inmueble, que fue puesto como garantía en esa transferencia, a una empresa vinculada a la ahora pareja del expresidente Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, con quien vive asilado en Nicaragua. Según reportes periodísticos, dicha transacción significó una pérdida de más de $80,000 para “Mecafé”.

Fuentes cercanas al proceso explicaron que el caso penal por el que “Mecafé” fue detenido este martes partió de la investigación a los gastos de la partida secreta durante la presidencia de Funes. LA PRENSA GRÁFICA publicó que durante la administración de Funes se redireccionaron cerca de $300 millones hacia Casa Presidencial a partir de modificaciones presupuestarias. Esto pese a que las modificaciones del presupuesto desde el Ministerio de Hacienda entre carteras de Estado fueron prohibidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte.

Otro caso irregular

Funes ya fue condenado por enriquecimiento ilícito en la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador. Ese tribunal determinó que el expresidente y su hijo no pudieron probar la procedencia lícita de $419,145.09. La Fiscalía no quedó conforme con ese fallo de noviembre del año pasado, en el cual quedó exonerada la ex primera dama Vanda Pignato, y apeló para que Funes y su hijo sean condenados a resarcirle al Estado $1,234,732.67 a las cuentas públicas.

Para hoy está prevista la audiencia en la que la Sala de lo Civil de la Corte, integrada por tres magistrados suplentes, revisará la apelación del caso. Sin embargo, la Fiscalía pidió que se separe de conocer el caso al magistrado suplente Ramón Iván García, porque, durante otro proceso llevado por la Sala de lo Constitucional de la Corte, él fue el encargado de conseguir la información de los viajes realizados por el expresidente Funes durante su gobierno.

“No se pone en tela de juicio la capacidad del magistrado. Pero sí su actuación en diligencias anteriores en contra de los procesados”, planteó la Fiscalía en su solicitud.

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