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Procesarán en libertad a Ochoa Pérez en caso apropiación de fondos

Jueza no impone restricciones a exembajador Ochoa Pérez, acusado por FGR de apropiarse $41,040 de fondos públicos.
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Sin palabras.  Sigifredo Ochoa Pérez dejó que su abogado hablara por él. El exdiputado no quiso responder ninguna pregunta sobre las acusaciones en su contra.

Sin palabras. Sigifredo Ochoa Pérez dejó que su abogado hablara por él. El exdiputado no quiso responder ninguna pregunta sobre las acusaciones en su contra.

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Sigifredo Ochoa Pérez, exembajador de El Salvador en Honduras, puede continuar en libertad mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga su participación en la apropiación de fondos públicos, que corresponden a un excedente ilegal del precio de un inmueble donde funcionaba la sede diplomática salvadoreña en el vecino país. Así lo decidió ayer el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.

La resolución judicial también benefició al imputado Walter Alfredo Anaya Escalante, ex ministro consejero de El Salvador en Honduras. Tanto Ochoa Pérez como Anaya son acusados por la Fiscalía por el delito de peculado (apropiación de fondos públicos). Las investigaciones aseguran que Ochoa Pérez se apropió de $41,040 y Anaya, de $59,840.

Desde que los acusó en diciembre de 2019, la Fiscalía solicitó al juzgado de Paz que los procesados enfrentaran fuera de prisión la etapa de ampliación de pruebas, denominada Instrucción. Solo pidió que cumplieran con restricciones como no salir del país y cancelar fianzas. La jueza Marta Villatoro rechazó la petición fiscal y no les impuso ninguna restricción.

El argumento de la juzgadora para no imponer restricciones a Ochoa Pérez y Anaya es que la Fiscalía no presentó suficientes pruebas que los vinculen con los delitos, dijo ayer la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez a través de un comunicado. Los abogados Marlon Granados y Luis Morales Joya, defensores de Anaya y Ochoa, respectivamente, reprocharon a la FGR que presentó pruebas débiles.

"La jueza lo sostiene, que existen elementos para pasar el presente proceso a la fase de Instrucción y de esa manera fue que resolvió", respondió un fiscal anticorrupción. Agregó que van a estudiar si interponen una apelación a la resolución de la jueza para buscar que una Cámara de lo Penal imponga restricciones a los imputados durante el proceso de investigación.

La acusación de la Fiscalía sostiene que, en julio de 2005, Ochoa Pérez pactó alquilar un inmueble con precio alterado a Soledad Funes Donaire de Ramírez, para que funcionara la embajada salvadoreña en Honduras. El exembajador y Donaire firmaron dos contratos: uno con el precio real de $2,200 mensuales y otro con el alquiler alterado, de $3,000.

El propósito de alterar el alquiler era que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) desembolsara los fondos para que Ochoa se los apropiara, entre julio de 2005 y septiembre de 2009, según la Fiscalía. A partir de 2009, Ochoa dejó de ser embajador y Anaya se empezó a embolsar esos $800, hasta mayo de 2015, explicó ayer un fiscal anticorrupción.

"No hay ningún solo elemento que nos demuestre la apropiación (de fondos) por parte de ninguno de los procesados. No hay ni prueba testimonial contra ellos. Hay cuatro testigos y ninguno dice que vio una apropiación y no hay ningún documento contable que establezca eso. Hay un contrato fehaciente por $3,000 que es el que está pasado al Ministerio de Relaciones Exteriores y es el que está vigente. De ese contrato (de $2,200) no podemos dar detalles porque no está firmado ni sellado", dijo el defensor de Ochoa.

La fiscalía acusa como cómplice a Soledad Funes, de nacionalidad hondureña, por colaborar en la alteración del precio de alquiler de su inmueble. El fiscal dijo ayer que el ex ministro consejero dejó la embajada en mayo de 2015, pero Funes Donaire continuó con el cobro ilegal hasta 2016. En total, los tres se quedaron con $107,920 ilícitos. La resolución contra Funes está pendiente porque no envió a ningún abogado.

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