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Procurador Óscar Luna no comparte fallo de la CSJ

Cree que se puede subsanar con que la Asamblea Legislativa emita un nuevo decreto para la elección de estos funcionarios.
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Oscar Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República (CCR), pero no compartirla, en cuanto a la inconsistencia estrictamente de la parte inconstitucional.

“En este caso particular, revisando la sentencia en sí, encuentro alguna inconsistencia en cuanto al fondo de la inconstitucionalidad. Según ellos (CSJ), es porque no se llenaron los requisitos (los magistrados), pero la Constitución ya lo dice expresamente: ser salvadoreño por nacimiento, de honradez y competencia notoria. Pero más allá no los establece, ni los desarrolla la ley secundaria”, dijo Luna.

El jueves pasado, la Sala resolvió que la Asamblea Legislativa no logró documentar si los magistrados Gregorio Sánchez Trejo (presidente de la CCR), Andrés Rovira y Javier Bernal poseían los requisitos exigidos por la Constitución para tales cargos: honradez y competencia notorias.

La Sala, en su resolución, reseñó que los tres elegidos como magistrados de la CCR poseían denuncias o procesos administrativos pendientes en su contra.

El Procurador cuestionó el punto de la Sala al decir que los magistrados no llenaron los requisitos de honradez: “¿porque tenían unos expedientes? Sin embargo, más adelante (en la sentencia) dicen que no es el punto de los expedientes, sino que es que no se fundamentó. Creo que hay que acatar el fallo, pero esto se subsana –a mi juicio– con que la Asamblea Legislativa emita un nuevo decreto razonando, explicando, fundamentando el por qué llegó a la conclusión de elegir a estas personas”, detalló Luna.

Ante la pregunta al Procurador si esto puede tener un tinte político, dijo: “En algún momento el elemento de la vinculación política podría ser, habría que ver si esto va para todos o solo para unos; Todos los nombramientos tienen un contenido político que vienen de la Asamblea que es un ente político…pero la situación está en cómo actúa el funcionario. Por ello, en el fondo estos actos y decisiones son políticas porque vienen de un ente político”.
 

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