Procurador pide detener a militares implicados en caso jesuitas

La petición se da después de que el juez español Eloy Velasco emitiera, el pasado mes de diciembre, una orden de captura y extradición de los militares involucrados en el hecho, que se dio durante el conflicto armado.
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El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, pidió hoy que la Policía Nacional Civil (PNC) e Interpol capturen a los 17 militares "responsables" de asesinar a los 6 padres jesuitas, 5 españoles y un salvadoreño, en noviembre 1989.
 
La petición se da después de que el juez español Eloy Velasco emitiera, el pasado mes de diciembre, una orden de captura y extradición de los militares involucrados en el hecho, que se dio durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
 
"Siendo un crimen de lesa humanidad y un acto de terrorismo existe una obligación de juzgar internamente estos hechos y, en defecto de la justicia interna, tiene la obligación de colaborar con el proceso judicial que la Audiencia Nacional española lleva en este caso concreto", manifestó el procurador durante una rueda de prensa.
 
Entre los militares a los que el juez pidió detener por delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad destaca el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, cuya extradición fue solicitada por España a Estados Unidos, donde cumplía una condena de 21 meses de cárcel por fraude migratorio.
 
El resto de los involucrados son: Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Óscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra y Guillermo Alfredo Benavides.
 
Así como Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Óscar Alberto León Linares.
 
 Morales recalcó que la masacre de los padres jesuitas y sus colaboradoras "constituye un crimen contra la humanidad, un crimen de guerra y un acto de terrorismo".
 
El procurador aseguró que el juez Velasco "está actuando en aplicación y coherencia con el tratado de extradición que existe entre El Salvador y España, por medio del cual ha activado la solicitud de captura".
 
Además el funcionario exhortó al ministro de la Defensa de El Salvador, David Munguía Payes, y a las altas autoridades castrenses del país a que se "abstengan de interferir en el procedimiento policial de captura que debe de realizarse".
 
Asimismo pidió que estas instancias "no den albergues o privilegios a los militares procesados con el fin de afectar el procedimiento policial".
 
Por otra parte, el procurador hizo un llamamiento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "para que se dispongan a colaborar con el proceso de extradición, como corresponde, y que por primera vez se coloque del lado de las víctimas, de la verdad y de la justicia.
 
Por último solicitó a la justicia de los Estados Unidos que autorice la entrega del excoronel Montano a las autoridades de España.
 
La matanza tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, y a otros cinco sacerdotes: los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López. También fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

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