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Procuraduría General de la República debe nombrar defensores a Funes en caso Corruptela

El Tribunal Cuarto de Instrucción recibió la documentación del proceso contra 30 personas acusadas de corrupción en la Fiscalía de Luis Martínez.

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Prófugo.  Mauricio Funes insiste en que los casos judiciales en su contra son parte de una persecución política.

Prófugo. Mauricio Funes insiste en que los casos judiciales en su contra son parte de una persecución política.

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El juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, Rigoberto Chicas, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que designe un defensor público para el expresidente de la república Mauricio Funes, en el caso denominado por la Fiscalía como Corruptela, en el que la Fiscalía acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez a cambio de gozar de impunidad en la Fiscalía.

También solicitó que la PGR nombre defensores para otros tres imputados: Édgar Márquez, ex fiscal adjunto; Wilson Nieto y Atilio Adalid Pérez, quien trabajó como guardaespaldas de Enrique Rais, otro de los principales implicados en el caso.

Funes vive en Nicaragua, donde goza del asilo concedido por el régimen de Daniel Ortega, y no ha enviado abogado a ninguno de los procesos penales que la Fiscalía ha iniciado en su contra. (Ver recuadro).

La oficina de prensa de tribunales confirmó que el juez giró ese oficio y también envió otro a la Dirección General de Centros Penales para que asigne un centro penitenciario al ex jefe fiscal Julio Arriaza, otro de los procesados en el caso, quien permanece en la Dirección de Tránsito Terrestre de la Policía.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que, de acuerdo con sus investigaciones, el exfiscal Martínez lideró una estructura que favoreció a varias personas, entre ellas Rais, a cambio de sobornos. También lo acusa de haber hecho un mal uso de fondos de la Fiscalía, como por ejemplo, el pago de tarjetas de crédito o inmuebles con fondos públicos.

El juez Chicas ratificó, por otra parte, la reserva parcial del proceso, para proteger a los testigos que han aceptado colaborar con las autoridades.

El Tribunal Cuarto de Instrucción recibió el proceso contra Funes y otras 29 personas el pasado 12 de diciembre. Todo el caso consta de 345 piezas con cientos de páginas. También recibió 10 recursos de apelación, nueve de ellos de los defensores, que se mostraron inconformes con el resultado de la audiencia inicial del caso celebrada por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador en octubre del año pasado.

Uno de los puntos controvertidos por los defensores en esas apelaciones es la inmovilización de cuentas del imputado Moisés Torres Polanco.

La Fiscalía cuenta con un plazo para la recolección de pruebas que culmina en junio de 2019. La Fiscalía le solicitó al juez que autorizara un peritaje contable para determinar el monto apropiado ilícitamente por los imputados. El juez les advirtió que cuando soliciten actos urgentes de comprobación que los hagan debidamente fundamentados.

Martínez y Arriaza son los únicos dos imputados que permanecen en detención por este caso. Hay 15 implicados con medidas sustitutivas.

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