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Prohíben el traslado de fondos públicos a las ONG

El magistrado Rodolfo González dijo que es necesario que se audite el dinero transferido a ONG. Criticó el aumento de empleados públicos.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inhabilitó ayer a la Asamblea Legislativa y a la Presidencia de la República para trasladar fondos a entes privados, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que estén relacionados a funcionarios públicos o sus familiares, o que sean afines a algún partido político.

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Los magistrados estipularon que debe tomarse esta medida con el fin de que se haga un uso más responsable de los fondos públicos. Los funcionarios dejaron abierta la posibilidad de que se puedan trasladar fondos públicos solamente cuando las actividades de los entes privados que se van a financiar estén acordes a los objetivos del Estado, y estas estén abiertas a ser fiscalizadas.

Según el presupuesto 2017, la Asamblea Legislativa orientó para este año $8.9 millones para emitir 90 asignaciones presupuestarias a entes privados. Entre estos beneficiaros se encuentran algunas ONG que recibieron un total de $6.4 millones.

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LA PRENSA GRÁFICA publicó que muchos de estos fondos eran dirigidos a sociedades en cuyas juntas figuraban diputados, exdiputados, fundadores de partidos políticos, simpatizantes de partidos políticos, asesores de ministros, entre otros. En el presupuesto de la Presidencia de la República se evidencia que para este año se canalizaron $1.6 millones a través de la Secretaría de Gobernabilidad, monto que parcialmente se utilizó para ser transferidos a organizaciones como: Fundación Mujer Legal, Asociación de Colegios Privados, Asociación Vota Joven, Asociación Cuenta Conmigo, entre otras.

“Dichas asignaciones resultan inaceptables en el marco de un presupuesto incompleto y desfinanciado, donde no se ha incluido el gasto necesario y suficiente para pagar pensiones y devoluciones de impuestos concretos, lo que inexorablemente comporta recurrir a más deuda pública... Tampoco son coherentes, al considerar las actuales necesidades que presentan algunos ministerios o instituciones vinculadas con el desarrollo social, la persecución del delito y la promoción de las acciones penales, algunas de las cuales incluso han sufrido recortes por motivo de reorientaciones presupuestarias en el presente año”, se lee en la sentencia emitida por la Sala.

voto concurrente

En cuanto a las recomendaciones de la Sala para adecuar el presupuesto, el magistrado, Rodolfo González, emitió su voto de tipo concurrente, es decir que acepta la finalidad de la decisión, pero no los argumentos que se dieron. González agregó que es necesario “determinar la existencia o no de irregularidades” en las transferencias hechas por la Asamblea Legislativa a ONG.

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El magistrado también criticó que el Gobierno haya aumentado 29,644 plazas entre el 2008 y 2017, y que haya gastado en aumento de salarios $752 millones más durante dicho período. Entre las instituciones que más subieron su planilla se encuentra la Presidencia de la República.

“No es posible que frente a un presupuesto limitado se dé preferencia a asignaciones injustificadas en detrimento de instituciones como la FGR y el TSE”, señaló el constitucionalista.
 

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