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Proponen prohibir el uso de celulares y de tabletas en escuelas salvadoreñas

Diputadas de ARENA aseguran que los estudiantes ocupan los teléfonos para acosar o ridiculizar a compañeros.

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Reformas.  Dos diputadas de ARENA proponen reformas a la Ley General de Educación.

Reformas. Dos diputadas de ARENA proponen reformas a la Ley General de Educación.

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A través de reformas a la Ley General de Educación, las diputadas de ARENA Silvia Ostorga y Lucía de León proponen prohibir y sancionar el uso de teléfonos celulares y tabletas en las escuelas públicas y colegios. Las legisladoras justifican que el "uso inadecuado" de los dispositivos móviles provoca distracciones en el aula, visitas a páginas de juegos y de pornografía. Además, indican que los estudiantes los ocupan para realizar acoso o ridiculizar a sus compañeros. Aseguran que esas acciones afectan el desarrollo educativo, sin que los docentes tengan mecanismos legales para controlar y sancionar.

"Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares y tabletas de todos los tipos y modelos", reza la propuesta de reforma al artículo 116-A, que piden agregar.

Para el caso de educación media, la propuesta de reforma señala que será el Ministerio de Educación el que deberá elaborar un reglamento que regule el uso de los aparatos móviles y que estos se puedan convertir en un "aliado de la educación de los jóvenes".

Quedan excluidos de esta prohibición los maestros y los estudiantes con discapacidad, así como cuando estos sean utilizados para actividades escolares o extracurriculares.

Se plantea que los directores y docentes de centros educativos creen condiciones que garanticen el uso de los dispositivos como una nueva forma de aprender y de mejorar el plan curricular con actividades innovadoras.

En la propuesta también, se agregan faltas leves, graves y muy graves para los estudiantes, padres y cuidadores que incumplan con estas disposiciones.

Las sanciones van desde un llamado de atención verbal para los estudiantes hasta el decomiso de los aparatos.

A los padres de familia o cuidadores que incurran en una falta grave se le sancionará con la notificación del caso a la Junta de Protección de la Niñez y de la Adolescencia de su departamento y que sea esa entidad que aplique las medidas correspondientes.

La pieza de correspondencia entró ayer en la sesión plenaria y pasará a discusión en la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa.

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