
Iniciativa. Partidos de oposición se unieron en bloque para presentar propuesta para ratificar protocolo contra la tortura.
El bloque de partidos de oposición de la Asamblea Legislativa se unió ayer para presentar una iniciativa y una propuesta para que el órgano ratifique el "Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes", tratado de derechos humanos desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La iniciativa fue firmada por los partidos Vamos, Nuestro Tiempo, ARENA y FMLN. En esta explican que la comisión de relaciones exteriores tiene en estudio el expediente 42-5-2018-1, el cual contiene dicho tratado, por lo cual hay posibilidad de retomar el mismo y ratificarlo.
Una ratificación del tratado implicaría, entre otras cosas, establecer un sistema de visitas periódicas de organismos internacionales y nacionales independientes a los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad, según el documento del protocolo.
Asimismo, el protocolo implica la creación de un subcomité para la prevención de la tortura, integrado por personas competentes en administración de justicia, derecho penal, administración penitenciaria, entre otros.
Los legisladores hicieron alusión a la necesidad de aprobar el protocolo en el marco del régimen de excepción, debido a las personas fallecidas tras ser detenidas y encarceladas debido al régimen, y a las múltiples denuncias de abusos de parte del gobierno de Nayib Bukele en contra de los detenidos en los centros penales; y sin que el gobierno se haya pronunciado o explicado la causa de las mismas.
"Consideramos que el Estado salvadoreño debe responder porqué sigue encarcelando inocentes, porqué hay familias que no se les dice donde están sus familiares detenidos arbitrariamente, porqué no se da una respuesta de parte del Estado para cuidar a la gente", explicó la diputada Claudia Ortiz (Vamos).
Luego, el diputado Johnny Wright Sol (NT) también se refirió a la importancia de la ratificación del protocolo.
"En nuestro país ya no hay instituciones independientes que puedan verificar el estado de los centros penitenciarios. Cualquiera que entiende la actual dinámica del poder entiende que no existe esa independencia para velar por estos derechos", aseguró el legislador.
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