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Proponen subir impuesto a armas, municiones y explosivos para financiar atención a víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador

Cristosal apuntó que la propuesta también plantea completar este presupuesto con una asignación procedente de la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (CESC). 

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La organización no gubernamental Cristosal presentó este jueves a la Asamblea Legislativa un documento en el que se demuestra la factibilidad de financiamiento que existe para atender a las víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador. 

Cristosal apuntó que podría disponerse de financiamiento para ese objetivo "sin incurrir en nuevos impuestos en Presupuesto General de la Nación de 2020". 

Detalló que, para conseguir estos fondos, el documento contempla "aumentar el impuesto a armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares al 100 % sobre el precio fijado en la operación de ventas", excluyéndole el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

También señala que se podría completar este presupuesto con una asignación procedente de la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (CESC). 

Las autoridades de Cristosal aseguraron que la coyuntura para hacer efectivo este método de financiamiento es idónea, ya que se está discutiendo la conformación del Presupuesto para 2020. Critosal, por tanto, hizo un llamado para pedir "la creación de rubros específicos para la protección de víctimas de desplamiento forzado". 

La organización también expresó que es necesario reactivar "la discusión de la propuesta de ley sobre desplazamiento forzado interno y se establezca un calendario de trabajo que permita la agilización de la aprobación de esa normativa". De acuerdo con Cristosal, esa discusión se estancó en octubre pasado y, desde entonces, los diputados no han vuelto a retomar el tema. 

La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235,700 personas a desplazarse forzosamente durante el 2018, según una encuesta nacional la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) que fue apoyada por la organización de derechos humanos centroamericana Cristosal.

El estudio señala que el 5,2 % de la población adulta del país tuvo que "cambiar su lugar de vivienda" para protegerse "de una amenaza o hecho de violencia".

Este porcentaje es similar al registrado durante 2017 por un estudio similar de la UCA y superior al 4,9 % computado en 2016.

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