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Prórroga de seis meses a medidas extraordinarias

Los diputados alargaron un semestre más las medidas restrictivas en seis cárceles, con el objetivo de que la siguiente legislatura avale o no la permanencia de estas, cuestionadas por la ONU.
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Prórroga de seis meses a medidas extraordinarias

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Con 64 votos favorables, uno en contra y tres abstenciones, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer un nuevo decreto en el que se renuevan las medidas extraordinarias de seguridad para un periodo de seis meses, mientras se toman un tiempo para analizar la permanencia de dichas restricciones a los reos en los centros penitenciarios.

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El decreto 321 con las “Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión” finaliza este 30 de abril, pero los diputados decidieron aprobar uno nuevo con al menos dos cambios.

Aprueban segunda prórroga de medidas extraordinarias

Las medidas se extenderán hasta el 30 de octubre de este año, y queda en manos de la legislatura 2018-2021, que entra el próximo 1.º de mayo, si las deja temporal o permanentes en los 27 centros penales y ya no solo en seis como hasta hoy.

El primer decreto de las medidas especiales fue aprobado el 1.º de abril de 2016 ante la ola de asesinatos y como una forma de detener las extorsiones ordenadas por los pandilleros desde los centros penitenciarios. En 2017, a petición del Gobierno, los legisladores volvieron a prorrogar las medidas por un año.

Con estas disposiciones, las autoridades pueden limitar el desplazamiento de los reos a través del encierro o el cumplimiento de la pena en celdas especiales, restringir las visitas o su suspensión durante el tiempo que sea necesario, y realizar el traslado de privados de libertad entre los distintos centros penitenciarios y granjas penitenciarias. También han limitado las comunicaciones mediante el bloqueo de la señal en un radio de 500 metros de las cárceles.

A criterio de los diputados del partido en el gobierno, el FMLN, las medidas extraordinarias han contribuido a controlar el problema desde los centros penales, y por eso querían que se diera una prórroga de un año; sin embargo, ARENA no estuvo de acuerdo.

“Esta es una herramienta importante en materia de combate a la criminalidad y de restringir a quienes fueron las estructuras de mando que funcionaban casi con toda la libertad en los sistemas penitenciarios”, dijo el diputado del FMLN Misael Mejía.

Una de las medidas que destacan es que se han cortado las comunicaciones. “Las medidas extraordinarias en lo que se refiere al bloqueo de llamadas desde centros penales están dando resultados, deberían ser permanentes. Hemos visto estos días asesinatos con lujo de barbarie y una serie de cosas que espantan a cualquiera”, indicó el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, Guillermo Gallegos.

ARENA consideró que en estos seis meses tendrán la oportunidad de revisar estas disposiciones. El diputado Rodrigo Ávila dijo que el problema son las pandillas y se debe de aprobar una legislación adecuada. A su juicio, se necesita un sistema de máxima seguridad permanente en el que se diferencie a reos comunes con los de máxima peligrosidad.

La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, cuestionó que en El Salvador se están violando derechos humanos con las medidas extraordinarias.

El diputado Mejía dijo que la relatora nunca dijo que había que derogar las medidas y cuestionó algunos mecanismos que “ya están resueltos”, como las horas de sol para los reos, la restricción de visitas, y epidemia de tuberculosis.

En el nuevo decreto se hicieron dos cambios: se eliminó el artículo 5 del actual decreto que contempla la suspensión de las audiencias judiciales que requieran la presencia de los reos, pues ya se realizan las audiencias virtuales.

El segundo está relacionado con la contratación directa de obras, bienes y servicios. Al artículo 7 se le agregó un inciso en el que se establece que la contratación directa deberá ser razonada y motivada tal como lo exige el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Con esto, dicen, le quitan la discrecionalidad que tenía el ministro de Seguridad Pública.

Las medidas extraordinarias
Las disposiciones se aplican en seis centros penitenciarios a escala nacional.

1-Desplazamiento
Según el artículo 2, en aquellos casos en que se tengan indicios de actos de desestabilización, se podrá restringir o limitar el desplazamiento de los privados de libertad, a través del encierro o el cumplimiento de la pena en celdas especiales, entre otras medidas, como último recurso.

2-Visitas
También se plantea la restricción de las visitas de toda clase o suspensión de estas durante el tiempo que sea necesario, así como el ingreso de personas ajenas a la administración penitenciaria. Dice que solo los defensores públicos y particulares  acreditados ejercerán el derecho a comunicarse con el interno en recintos habilitados.

3-Traslados
El artículo 2 también dice que las autoridades de los centros penitenciarios y de seguridad tienen facultades para realizar el traslado de privados de libertad entre los distintos centros penitenciarios y granjas penitenciarias.

4-Bloqueo de la señal
Las medidas también establecen que durante la vigencia del decreto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, previa opinión técnica del superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones, podrá cortar el tráfico de telecomunicaciones. El decreto incluye no instalar nuevas antenas en un radio de 500 metros de las cárceles.

5-Cambios
En el nuevo decreto se hicieron dos cambios: se eliminó el artículo 5 del actual decreto que contempla la suspensión de las audiencias judiciales que requieran la presencia de los reos, pues ya se realizan  virtuales. Al artículo 7 se le agregó un inciso en el que se establece que la contratación directa deberá ser razonada y motivada según la LACAP.

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