Prorrogan emergencia en siete penales

La otra semana será desplegada fuerza conjunta de reacción rápida. Este grupo estará conformado por 1,000 miembros del Ejército y agentes de la PNC. También serán discutidos comités ciudadanos armados en apoyo a la seguridad.
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Más militares.  El Gobierno anunció que la próxima semana saldrán a las calles grupos conjuntos de militares y policías para reacción rápida.

Más militares. El Gobierno anunció que la próxima semana saldrán a las calles grupos conjuntos de militares y policías para reacción rápida.

Prorrogan emergencia en siete penales

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Los penales de Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, San Francisco Gotera, Izalco, el de Zacatecoluca y el de Quezaltepeque permanecerán en estado de emergencia por 15 días más, según confirmó ayer a este periódico el titular de la Dirección de Centros Penales (DGCP), Rodil Hernández.

Los siete penales estaban en emergencia desde el pasado 29 de marzo y la declaratoria, avalada por varios jueces, venció ayer. “Hoy (ayer) terminó. Pero se ha ampliado otros 15 días con base en las facultades que el decreto (aprobado por la Asamblea) le confiere al señor ministro de Justicia”, dijo Hernández.

Por lo tanto, continuará la suspensión de visitas, elementos militares permanecerán en el perímetro de esos penales y seguirá restringida la circulación de reos dentro de esos recintos.

Ayer, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, tuvo una reunión extraordinaria con el Gabinete de Seguridad y con la comisión de seguridad de la Asamblea, para discutir los avances en las medidas dentro de los penales, así como la conformación de lo que han denominado Fuerza de Reacción 7/24, que consiste en el despliegue de 1,000 elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Estos grupos serán desplegados la próxima semana.

“La fuerza 7/24 será una operación conjunta de 1,000 hombres, de situaciones de mayor capacidad de fuego”, adelantó el vicepresidente.

En la reunión, según Ortiz, se acordó un protocolo de actuación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y esa fuerza especial. Este protocolo consistirá en que la FGR garantizará la actuación de los grupos. También discutieron la reforma al Sistema Penitenciario para poner en marcha centros de detención temporal. Son 10,000 espacios que se crearán en esos recintos temporales, donde podrán permanecer reos en fase de confianza. El vicepresidente explicó que los reos trabajarán durante un día y la pena será reducida.

El fiscal general, Douglas Meléndez, ha presentado una propuesta de reformas penales. Ayer reiteró que con esta reforma buscan que las investigaciones de la Fiscalía se realicen a corto plazo.

“Esto nos ayudaría a nuestro accionar en las investigaciones concretas”, declaró el fiscal.

Ortiz agregó que esta iniciativa fue respaldada por todos los funcionarios que estaban presentes en la reunión ayer.

Armar a civiles

El vicepresidente de la República explicó que la otra semana será discutida la propuesta de comités ciudadanos para apoyo a la seguridad. El anuncio sobre entregar armas de fuego a ciudadanos lo hizo el miércoles el secretario de Comunicaciones presidencial, Eugenio Chicas.

Según explicó Chicas, el Gobierno estudia la posibilidad de entregar armas de fuego a las personas que posiblemente integren estos comités ciudadanos de defensa. El objetivo es que este grupo pueda mantener segura la comunidad donde residen.

El fiscal Meléndez dijo que es necesario estudiar ese tema: “Hay algunos temas que necesitan atención como el asunto de la comisión o comités. Yo creería que hay que revisarlo despacio”, comentó. Algunos analistas y representantes de la sociedad civil rechazaron esa propuesta ayer (vea nota en la página 10).

Por su parte, el presidente de la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad, el diputado Antonio Almendáriz, dijo que la reunión sirvió para aprobar algunas de las propuestas.

Asimismo, consideró que el Gobierno no necesita imitar a otros países para implementar leyes de seguridad. “Tenemos que hacer leyes para este país. Debemos dejar de imitar a las leyes de otros países”, aseveró el legislador al final de la reunión.

El diputado de ARENA Rodrigo Ávila agregó que está interesado en respaldar algunas de las propuestas y reconoció la labor de la PNC durante este tiempo. “Como ARENA estamos sumidos en un compromiso de apoyar los esfuerzos de combatir la delincuencia”, dijo.

En cuanto a las reformas que ha solicitado la Fiscalía, el diputado de ARENA dijo: “Nos parece atinente adecuar figuras penales a la realidad nuestra”.

La FGR ha propuesto penalizar el tráfico de armas, porque actualmente solo hay penas para comercio ilegal. Meléndez señaló ayer que hay un incremento de tráfico de armas y que procesar únicamente por el delito de comercio ilegal no es suficiente porque es “demasiado limitado”.

Misael Mejía, diputado del FMLN, añadió que el próximo martes continuarán estudiando con la comisión las reforma que solicitó la Fiscalía.

El diputado Mejía consideró que lo recaudado con el impuesto de la contribución especial a las telecomunicaciones es insuficiente para financiar los planes de seguridad, y mencionó que la Policía no cuenta con equipo. “Estamos dando pasos importantes para combatir la inseguridad, pero es necesario equipar bien a los policías”, consideró Mejía.

Por otra parte, Guillermo Gallegos, diputado de GANA, sostuvo que un informe presentado por el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de la Policía, Howard Cotto, detalla que las compañías telefónicas continúan cortando la señal en algunos penales.

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