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Protección Civil declaró 10 alertas sin base técnica

Así lo revela un informe de la Corte de Cuentas del mes pasado en referencia a una evaluación a la dirección general de la institución. Declaratorias fueron emitidas entre 2014 y 2016.
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Los incendios son de los señaladas por la Corte de Cuentas de que no cumplen con informe técnico.

Los incendios son de los señaladas por la Corte de Cuentas de que no cumplen con informe técnico.

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Una auditoría de la Corte de Cuentas revela que la Dirección General de Protección Civil decretó 10 alertas sin tener información técnica que validara esas decisiones. El informe, con fecha del 27 de junio de 2017, recoge los resultados del “Examen especial a la Dirección General de Protección Civil y entidades relacionadas con la gestión de prevención y mitigación de riesgo por desastres” y corresponde a los 24 meses comprendidos entre el 1.º de junio de 2014 y el 30 de junio de 2016.

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La auditoría atañe a la gestión de todas las carteras de Estado que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil: Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de la Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Policía Nacional Civil (PNC).

“Comprobamos que el proceso de emisión de las declaratorias de alerta que lleva a cabo la Dirección de Protección Civil no cuenta con la información de carácter técnico y científico, proporcionada por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (Observatorio Ambiental, en la actualidad) e instituciones competentes (según la naturaleza del fenómeno del que se trate) en la que se basó el director para emitir las declaratorias de alerta”, reza el documento.

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Las 10 declaratorias observadas son de naturaleza epidemiológica, hidrometeorológica, vulcanológica y antropológica (ver recuadro).

Los auditores de la Corte de Cuentas identificaron incumplimientos de diferentes legislaciones, todos relacionados con las responsabilidades que pesan sobre el director de la dirección en cuestión, Jorge Meléndez: el artículo 22 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres; el literal j) del artículo 45 del Reglamento de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres; el artículo 57 de este mismo reglamento; el inciso siete del numeral ocho del Procedimiento de Declaratoria de Alerta de la Dirección de Protección Civil, que son solo algunos ejemplos.

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Y estos incumplimientos tienen consecuencias. “La emisión de declaratorias de alertas sin disponer del soporte técnico y científico, que deben aportar las instituciones competentes, incrementa el riesgo de efectuar una valoración inadecuada de la situación y de la naturaleza del fenómeno de que se trate, dando lugar a que los recursos disponibles no sean optimizados en el manejo de las emergencias”, advierten los evaluadores.

SE DEFIENDE EL DIRECTOR

El informe de la Corte de Cuentas detalla que después de una lectura al borrador del mismo informe, por parte del director, este envió una nota fechada el 7 de diciembre de 2016 en la que afirmó que todas las alertas emitidas no solo contaban con el respaldo técnico y científico de instituciones como el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Unidad de Alerta Temprana de la Dirección General de Protección Civil, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y los informes de las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil, sino que también estaba su “experiencia y el conocimiento de las condiciones de vulnerabilidad” del país.

Por otra parte, Meléndez destacó que la Ley de Protección Civil “también contempla la situación de un desastre ya ocurrido; lo cual implica que cuando ya ha habido impacto, como por ejemplo un terremoto, no habrá informes previos, sino la necesidad de que las instituciones del Sistema Nacional realicen las acciones que permitan apoyar y proteger a la población”, según el artículo 55 del Reglamento General de Protección Civil, que habla de desastres inminentes.

Tres meses después, el 8 de marzo, Jorge Meléndez remitió a la Corte de Cuentas otra serie de documentos para contrarrestar las observaciones. Los auditores, sin embargo, insistieron en sus comentarios: “Al examinar la documentación presentada como evidencia, los auditores determinaron algunas inconsistencias”.

SOBRE LOS HALLAZGOS

De acuerdo con el examen, dos declaratorias de alerta amarilla fueron basadas en el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a la semana número 26 de 2014, que comprendió los días del 22 a 28 de junio de ese año, “es decir que dichas alertas fueron emitidas basándose en un reporte que corresponde a un período posterior”.

Más aún, el informe señala que entre los comentarios expresados por Meléndez, él aseguró que las declaratorias se basaban en los análisis de la Unidad de Alerta Temprana, “no obstante, para el período examinado, dicha unidad no formaba parte de la dirección, ya que ni siquiera había sido creada”, se lee en el documento.

Ambas alertas conciernen a la enfermedad chikungunya. Otras dos alertas son de naturaleza hidrometeorológicas, una vulcanológica y cinco más de naturaleza antropológica.

La auditoría de la Corte de Cuentas advierte, por otra parte, que la Dirección General de Protección Civil tampoco actualizó información de su competencia en el mismo período ni entregó cuentas a tiempo relacionadas con el Fondo de Protección Civil (ver publicación de mañana).
 
 

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