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Próxima semana inicia traslado de reos de bartolinas de PNC a centros penales

Las autoridades prevén movilizar a 2,500 reos en los próximos meses. El hacinamiento en las bartolinas policiales es de 300 %. El presidente Sánchez Cerén podría sancionar hoy el decreto que avala los traslados, según Centros Penales.

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Proceso.  Los movimientos de reclusos serán ejecutados en dos etapas con apoyo de la policía, confirmaron ayer autoridades penitenciarias.

Proceso. Los movimientos de reclusos serán ejecutados en dos etapas con apoyo de la policía, confirmaron ayer autoridades penitenciarias.

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La próxima semana iniciará el traslado de 2,500 personas recluidas en las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) hacia penales. El proceso, que consta de dos fases, podría finalizar en febrero de 2019, según confirmó ayer Marco Tulio Lima, titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

"Hemos hecho una comisión de coordinación con la PNC y el Órgano Judicial para empezar los movimientos (de reos) la próxima semana", dijo Lima ayer, sin especificar el día que comenzarán los primeros traslados.

El objetivo de la medida es reducir el hacinamiento de las bartolinas policiales, que actualmente ronda el 300 %. Las bartolinas de la PNC tienen capacidad para 1,500 personas, pero albergan a cerca de 4,700 reclusos a escala nacional, de acuerdo con estadísticas de la DGCP actualizadas hasta el miércoles pasado.

La primera fase de traslados, que según estimaciones oficiales podría terminar en enero próximo, arrancará con la descongestión de las bartolinas de cinco departamentos: Sonsonate, Santa Ana, San Miguel, San Salvador y Usulután, las cuales tienen los problemas más "críticos" de hacinamiento, señaló Marco Tulio Lima. La segunda etapa será en febrero con las delegaciones de los nueve departamentos restantes

Centros Penales prevé movilizar un promedio de 200 internos cada día, en coordinación con agentes policiales de cada delegación involucrada, explicó Lima.

Del total de reclusos que serán desplazados, según señaló el titular de la DGCP, alrededor de 1,000 son pandilleros y 1,500 no.

Las autoridades de Justicia y Seguridad Pública trasladarán a los reclusos luego de que el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, sancione un decreto transitorio aprobado por la Asamblea Legislativa el miércoles pasado. Dicho decreto faculta a Centros Penales y a la Policía para movilizar, durante el próximo año, a las personas recluidas en las bartolinas policiales hacia un penal sin previa autorización de un juez.

El único requisito que deben cumplir las autoridades penitenciales es notificar a los jueces durante las 24 horas después del traslado. La sanción de Sánchez Cerén podría darse hoy para que posteriormente sea publicado en el Diario Oficial, dijo Lima.

Los diputados aprobaron la medida más de dos años después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el hacinamiento de las prisiones de la PNC, el 3 de junio de 2016.

"La Sala de lo Constitucional declaró que es inconstitucional el cumplimiento de las penas de privación de libertad en condiciones de hacinamiento, ya que se vulnera el derecho a la integridad personal y el derecho a la salud de quienes cumplen esta medida en las distintas bartolinas policiales del país, así como en los demás recintos en los que se advierta dicha problemática", dictaminó la CSJ.

La DGCP asegura que el traslado de reos no incrementará el hacinamiento de los penales del país, debido a que se ha habilitado más espacios para recibir reclusos. Según estadísticas oficiales, las penitenciarías del país registran un hacinamiento que ronda el 150 %, y en los próximos meses proyectan reducirlo a 130 %.

posibles soluciones

Marco Tulio Lima también instó ayer a los jueces a utilizar la detención provisional como último recurso contra las personas procesadas. "Los jueces tienen una cantidad de medidas en el sistema procesal que pueden aplicar", aseguró.

El funcionario recordó la propuesta hecha a la Asamblea Legislativa para aprobar un dictamen que permita la salida de las cárceles a 3,180 personas que sufren enfermedades crónicas, terminales o degenerativas, la mayoría de ellos adultos mayores.

Especialistas penitenciarios señalaron la semana pasada que las políticas de persecución de la criminalidad en el país están orientadas a imponer la prisión provisional o definitiva a la mayoría de delincuentes, aunque hayan cometido delitos "menores".

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