Pueblos indígenas preocupados por una octava represa en Nahuizalco

Denuncian una consulta pública poco transparente del MARN para un nuevo proyecto en el río Sensunapán.

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Afectación. El río Sensunapán nace en Juayúa y termina en Acajutla, con salida al Pacífico. A lo largo de su caudal ya tiene siete represas que han afectado a varias comunidades.

Afectación. El río Sensunapán nace en Juayúa y termina en Acajutla, con salida al Pacífico. A lo largo de su caudal ya tiene siete represas que han afectado a varias comunidades.

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Pobladores de Nahuizalco, en conjunto con organizaciones sociales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), denunciaron ayer las “oscuras intenciones” de instituciones gubernamentales para aprobar la construcción de una octava represa en el río Sensunapán, un proyecto que afectaría la condiciones medioambientales de la zona, el sustento de muchas familias y lugares considerados sagrados para la población indígena.

La obra ya fue propuesta en 2013, pero en esa ocasión las comunidades lograron demostrar los daños que ocasionaba y un año después, en 2014, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) negó el permiso para su construcción. Hoy se ha vuelto a retomar.

“En este proyecto hay eventos anómalos y actividades poco transparentes, una de ellas es la referida consulta pública que se hizo entre el 19 de junio y el 2 de julio, la cual tenía como propósito preguntar a las comunidades y la población cuáles eran sus posturas respecto a este proyecto. Dicha consulta fue hecha por el MARN durante la etapa más seria de la pandemia por covid-19, sin tener medios de transporte, con pocas formas de comunicación”, expuso Ariela González, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que colabora con los habitantes de la zona.

Enrique Carías Morán, representante del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, manifestó que en la cuenca del río Sensunapán existen 11 sitios sagrados para la comunidad y que se verían afectados por la construcción de la represa. “Nos dejaría cuatro kilómetros de río seco, mismos que las comunidades utilizamos para nuestro sustento y para nuestras tradiciones”.

El procurador de los derechos humanos, José Apolonio Tobar, respaldó la denuncia y pidió a las autoridades gubernamentales que cesen la consulta y todo el proyecto, mientras escuchan activamente a los habitantes de la zona.
 

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